La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su desacuerdo y preocupación ante la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría General. Según la entidad, esta medida representa una "injustificada invasión" en la autonomía de la Registraduría, entidad encargada de organizar las elecciones y proteger los derechos políticos de los ciudadanos, una función esencial en el sistema democrático.
En su comunicado, se señaló que la SIC estaría atentando contra la armonía y coordinación que deben regir entre las instituciones del Estado. "La citada decisión va claramente en contra de la armonía y coordinación que, conforme a los postulados constitucionales, debe imperar en nuestro país entre las distintas instituciones", indicó la corporación.
Además, la CEJ enfatizó que cualquier intento de afectar la independencia de los organismos autónomos "abre la puerta a la vulneración de principios fundamentales, que deben prevalecer para garantizar la estabilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones."
El conflicto entre la Registraduría y la SIC surgió a partir de una serie de visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 por la Superintendencia en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El objetivo de estas inspecciones era verificar el cumplimiento de la normativa de libre competencia en el marco de la contratación estatal. Según la SIC, los funcionarios de la Registraduría investigados omitieron su deber de colaboración, negándose a entregar información y a proporcionar acceso a dispositivos electrónicos, lo que podría haber obstaculizado la investigación.
En respuesta, la CEJ resaltó la importancia de respetar la independencia de entidades como la Registraduría, que gozan de autonomía constitucional. “La desafortunada decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio invade de forma injustificada la órbita de competencia de un organismo con plena autonomía”, puntualizó la corporación, subrayando la necesidad de mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
La SIC, por su parte, argumentó que la información requerida, así como el acceso a dispositivos electrónicos y documentos, es esencial para garantizar la protección de la libre competencia. De comprobarse la obstrucción de estos funcionarios, podrían enfrentarse a sanciones de hasta 2.000 SMLMV cada uno.
Finalmente, la CEJ reiteró su llamado a que se respeten los principios de independencia y autonomía de las instituciones, expresando su rechazo a esta intervención de la SIC en la esfera de una entidad que, según el rango constitucional, debe operar de forma autónoma y sin interferencias injustificadas.
Comunicado
