EL MINISTERIO Público hizo un llamado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el Eln para que emita las alertas pertinentes para proteger a más de 27.000 personas del Chocó, que están en riesgo de confinamiento por el nuevo paro armado decretado por el Eln en ese departamento.

Así lo señaló el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, quien sostuvo que esa acción bajo ninguna perspectiva es compatible con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal suscrito por las delegaciones del Gobierno nacional y ese grupo armado ilegal.

El delegado instó al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y la jefa de la Mesa de Negociación con el Eln, Vera Grabe, “para que actúen de manera inmediata y protejan los derechos humanos de la población en riesgo”, esto debido al nuevo paro armado decretado por el Eln en ese departamento.

En un comunicado difundido el viernes 9 de febrero, el frente de guerra occidental de esa organización prohibió la circulación y actividad a lo largo de los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima, en el departamento de Chocó, de mayoría afro.

“Decretamos paro armado indefinido (...) a partir de las 00:00 del 10 de febrero del año en curso, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la población no combatiente”, indicó el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los rebeldes justificaron la acción armada aduciendo la “presencia del paramilitarismo (...) en complacencia con la Fuerza Pública” en la región.

Tras el anuncio, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó escribió en sus redes sociales: “Nuestra prioridad debe enfocarse en garantizar la movilidad de las comunidades, el acceso a la salud y la garantía de la seguridad alimentaria. El confinamiento al que viene siendo sometida la población de más de 5 municipios del Río San Juan no puede ser admitido desde ningún punto de vista. Aboca a la intervención de todas las entidades del orden nacional y territorial, así como de los cooperantes internacionales. ¡Se trata de los derechos humanos de la gente!”

Pronunciamiento de la Defensoría

“Instamos al Gobierno nacional a priorizar la atención a víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en los municipios que corresponden al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial del sur de Bolívar. En Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, al igual que en Norosí y Montecristo, pues están padeciendo la injerencia de los grupos armados ilegales que delinquen en tan vasta zona”, señala el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En lo que va del 2024, la situación humanitaria que padecen las comunidades del sur del departamento de Bolívar ha tendido a agudizarse por cuenta de los repetitivos hechos de violencia ocasionados por enfrentamientos entre la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).

La Defensoría del Pueblo, que ha hecho permanente presencia en el territorio a través de su Regional Magdalena Medio, ha insistido en la atención urgente a la población afectada. Sus peticiones han derivado en misiones humanitarias para verificar las vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), en la activación de mecanismos de protección y la participación en consejos de seguridad y comités de justicia transicional.

Pese a ello, no cesan los hostigamientos a la población civil, amenazas e intimidaciones a servidores públicos, lideresas y líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos.

“El escalamiento del conflicto armado en esa zona del Magdalena Medio ha ido en aumento, lo que lamentablemente ha conducido a la consumación de los riesgos que advertimos en nuestra Alerta Temprana 034 del 2023. Son recurrentes los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, que ocasionan desplazamientos masivos y confinamientos. Además, la comunidad está siendo víctima de amenazas, homicidios, secuestros, reclutamiento forzado”, advierte el defensor del Pueblo.