Para determinar si Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos incurrieron en presuntas irregularidades en la contratación y construcción del Troncal de la Paz, mismo caso por el que es investigado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia.
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Cabe mencionar que el fiscal general Francisco Barbosa manifestó que el contrato inicial, por el que el gobernador Gaviria está en líos judiciales, se firmó por 41. 663 millones de pesos, pero lo que se le cuestiona al mandatario son las dos adiciones presupuestales por cerca de 29 mil millones de pesos para obras complementarias.
Según se lee en la decisión de la Fiscalía que ordenó la captura de Gaviria, "con el fin de establecer las responsabilidades de los posteriores gobernadores, se compulsan copias de la denuncia".
El ente investigador pidió indagar a Ramos y Fajardo porque el contrato por el que se cuestiona a Gaviria Correa -un contrato de 2005 para la pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz- también pasó, en su ejecución, por las administraciones de los dos siguientes gobernadores.
Los hechos
Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria, cuando se desempeñó por primera vez como gobernador de Antioquia, entre 2004 y 2007, habría podido incurrir en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
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El Fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente en un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.