El detenido senador Álvaro Ashton se convirtió ayer en el primero en el escándalo de la parapolítica en solicitar a la Corte Suprema de Justicia tener el beneficio de la doble instancia, de la cual adolecían los legisladores en los procesos penales en su contra, pero que fue establecida mediante el Acto Legislativo 01 de 2018.

Para esos efectos el suspendido senador del Partido Liberal, quien está privado de la libertad desde mediados de diciembre pasado en una investigación porque habría tenido vínculos con grupos paramilitares, presentó una acción de tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se suspenda el proceso.

En abril pasado la plenaria del Senado de la República suspendió de sus funciones a Ashton hasta que resuelva su situación con la justicia, por ende también se frenaron los pagos de su salario.

En la acción judicial la defensa del Congresista afirma que se le está vulnerando su derecho al debido proceso porque, argumenta, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya no es competente para continuar conociendo de la investigación.

Señaló que la Sala Penal se “habilita, sin competencia para instruir, cerrar y calificar el mérito del sumario, más acusar y juzgar a un aforado constitucional, sin respetar el derecho a la separación de la instrucción y el juzgamiento, a la doble instancia y al juez natural, con lo que  omite de facto dar aplicación al Acto Legislativo 01 de 2018 (…) forzando a través de su propia interpretación la constitución y arrogación de una de una competencia que no le corresponde”.

Agregó en la acción judicial que “los principios de legalidad, juez natural y doble instancia, no han sido garantizados al senador Ashton Giraldo, a partir de la aprobación y promulgación del Acto Legislativo 01 de 18 de enero de 2018, cuya vigencia no tiene discusión y mediante el cual modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, para garantizar elementos esenciales del debido proceso, como la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento y el derecho a impugnar logrando la doble instancia”.

La Corte en este momento avanza en el proceso para la elección de nueve magistrados que conformarán la Sala Especial de Instrucción y Sala de Primera Instancia que determina el acto legislativo que creó la doble instancia para los legisladores.

Parapolítica

A Ashton se le acusa de haber tenido un acuerdo con grupos pertenecientes al frente paramilitar José Pablo Díaz para recibir apoyos a candidatos del Atlántico a cambio de favores burocráticos.

“Poniendo a disposición de esa organización la función legislativa con el fin de servir a sus propósitos a través de las competencias parlamentarias que le correspondía ejercer”, según se lee en la ponencia del magistrado Eugenio Fernández en la que se ordenaba medida de aseguramiento para el senador Ashton.

Según el escrito de la Corte, “para alcanzar ese objetivo en la primera aspiración del investigado a la Cámara Alta del Congreso, la organización ilegal, de un lado, brindó un respaldo electoral en el Magdalena y, de otro, le otorgó manejo en el Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico, cooptado para ese entonces” por los paramilitares “inicialmente a través del nombramiento del gerente de la ESE, Luis Francisco Romero Racedo, compadre y militante de su grupo político, y posteriormente de su sobrino Fabián Arturo Ashton como coordinador médico".

Sin embargo, Ashton asegura que fue extorsionado por paramilitares, quienes en diciembre del 2008 lo amenazaron con que si no les entregaba una fuerte suma de dinero, lo acusarían de tener vínculos con ellos.