La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes al Estado colombiano por perseguir y realizar actividad de espionaje a miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) a través de las Fuerzas Armadas, la Policía y el DAS.

Este lunes, el vicepresidente de la CorteIDH, Rodrigo Mudrovitsch, notificó la decisión por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas, en donde obliga al Estado a “impulsar, dirigir, continuar y concluir, en un plazo razonable y en observancia de la debida diligencia, las investigaciones dirigidas a esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamientos perpetrados contra las víctimas.”

La sentencia determinó que desde la década de 1990 diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares.

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Cabe resaltar que durante por más de tres décadas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos, sufrió dicha persecución luego de que las autoridades tomaran la decisión de encontrar posibles vínculos de los integrantes con grupos al margen de la ley.

Según la CorteIDH, “las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y 'hojas de vida' que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos".

Adicionalmente, funcionarios estatales los descalificaron y los vinculaban con grupos guerrilleros, provocando su estigmatización.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Colombia a realizar las investigaciones dirigidas a "esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, así como las actividades de inteligencia emprendidas por diferentes organismos públicos en la década de 1990".

De igual forma, la sentencia estableció adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia. Además, brindar tratamiento sicológico a las víctimas de este caso.