La Corte Constitucional dió luz verde a la reducción progresiva de la jornada laboral para los empleados domésticos internos en Colombia. Esta decisión equipara sus derechos laborales con los de otros trabajadores en el país.
En respuesta a una demanda que cuestionaba la exclusión del servicio doméstico interno de la reducción de la jornada laboral contemplada en la Ley 2101 de 2021, la Corte Constitucional emitió un fallo trascendental. La decisión se centra en equiparar los derechos de los empleados domésticos internos con los de otros sectores laborales, principalmente para acabar con la discriminación hacia este grupo mayoritariamente femenino.
La Corte, al declarar exequible el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, establece una reducción gradual de la jornada laboral para los empleados domésticos internos. De acuerdo con la decisión, la jornada máxima de 60 horas semanales se reducirá proporcionalmente a 52.5 horas, equiparando este sector con la reducción aplicada a otros trabajadores en general. La gradualidad podrá ser negociada entre las partes o implementada de manera inmediata.
La Corte Constitucional ha destacado la importancia de garantizar la equidad en los derechos laborales, exhortando al Congreso a adoptar medidas legislativas que armonicen la jornada máxima laboral del servicio doméstico interno con la establecida para los demás trabajadores. Este fallo busca poner fin a la discriminación y asegurar que quienes se dedican al cuidado del hogar o miembros de la familia internamente gocen de la misma protección legal.
La decisión de la Corte Constitucional tiene efecto inmediato, permitiendo a los empleados domésticos internos reclamar la implementación de la nueva jornada laboral ante sus empleadores. Los empleadores que incumplan podrían enfrentar sanciones severas, incluyendo el pago de horas extras sin reducción salarial y la imposibilidad de disminuir las cotizaciones a pensiones. Los empleados cuentan con el respaldo legal para terminar unilateralmente el contrato en caso de incumplimiento, con la posibilidad de buscar reparación a través de la justicia.
Esta decisión se enmarca en un contexto histórico donde la equidad de género y la protección de los derechos laborales han cobrado una relevancia creciente. La exclusión previa del servicio doméstico interno de la reducción de jornada generaba una brecha injusta en la protección legal de los trabajadores. La Corte, al abordar esta omisión, busca consolidar una normativa que refleje los principios de justicia y equidad laboral.
El fallo de la Corte Constitucional no solo responde a demandas internas, sino que también se alinea con los principios establecidos en el Convenio No. 189 de la OIT, el cual aboga por condiciones laborales dignas para los trabajadores domésticos. La exhortación al Congreso para que adopte medidas legislativas adicionales refleja el compromiso de Colombia con los estándares internacionales en materia de derechos laborales.
Si bien este fallo representa un avance significativo, también plantea desafíos para la implementación efectiva. La colaboración entre empleadores y empleados será fundamental para asegurar una transición suave hacia la nueva jornada laboral. Además, la fiscalización y aplicación rigurosa de las sanciones a empleadores que incumplen son aspectos clave para el éxito a largo plazo de esta medida.