EL NUEVO SIGLO: Habla usted en su segundo libro de graves violaciones del presidente Santos a la Constitución con la implementación del acuerdo…

JUAN MANUEL CHARRIA: El acuerdo de paz sabemos que fue negado, porque cuando existió, fue sometido a un plebiscito, y ese plebiscito fue negado el 2 de octubre de 2016 (luego de una renegociación entre comillas. No creo en eso porque los puntos fundamentales se mantuvieron), y el Gobierno decidió refrendarlo vía Congreso. Obviamente con esa refrendación entró en vigencia el Acto Legislativo No. 1 de 2016, el famoso fast track, que fue la base para la implementación de todo el componente normativo del acuerdo con las Farc.

Entonces, en primer lugar creo que se desconoció la voluntad popular, porque el constituyente primario mal que bien dijo ‘No’. Entonces el Gobierno optó por renegociarlo, pero debió someterlo otra vez al pueblo. Luego para mí el acuerdo en ese sentido vulnera elementos de la Carta como son la participación ciudadana, soberanía popular, etcétera.

En ese sentido, además lamentablemente la Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016 avaló la refrendación del acuerdo vía Congreso. Entonces ahí hay un primer elemento donde ese acuerdo carece de legitimidad.

ENS: ¿Cuál es su opinión sobre la cantidad de normas que se han expedido para la implementación?

JMCH: Ya el Acto Legislativo No 1 no está vigente porque iba hasta finales del año pasado. Con base en ese Acto Legislativo el Congreso y el Gobierno dieron una serie de normas, por ejemplo, llevamos cinco actos legislativos con base en el fast track. Hay unos muy importantes pero obviamente diría que el más importante es el Acto Legislativo No. 1 de 2017, que es el que creó todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en donde está la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue avalada por la Corte.

A partir de allí se promulgaron  otros actos legislativos, uno muy importante es el blindaje del acuerdo, en donde dice que no puede ser modificado por los próximos tres gobiernos. Ahí no lo veo claro, porque creo que al acuerdo se le pueden hacer modificaciones en cuanto no es un tratado internacional que está en el bloque de constitucionalidad, como las Farc equivocadamente lo pretenden hacer ver.

A partir de ese Acto Legislativo se expidieron leyes importantes como la Ley de Indulto, y el Gobierno ha expedido una cantidad de decretos. Toda esa normatividad vía actos legislativos, leyes y decretos deviene de un Acto Legislativo que a su vez deviene del plebiscito que fue negado, cuyo resultado fue el ‘No’, que fue desconocido por el Gobierno, por el Congreso y por la Corte Constitucional. Ahí se han producido una serie de sustituciones a la Constitución.

ENS: ¿Es usted crítico del papel de la Corte en este proceso?

JMCH: En cuanto a la separación de poderes hemos visto cómo el Gobierno ha intervenido en el Congreso de la República para sacar adelante toda la estructura normativa y cómo también ha sido en la misma Corte  Constitucional, si no, recordemos los episodios tristes de elecciones, como el Gobierno incidió en la elección, por ejemplo, de la doctora Diana Fajardo.

Esto hace que a mi juicio el Gobierno haya vulnerado la Constitución, creo que estamos en un momento muy complejo en donde uno ve como el 20 de julio se posesionaron diez personas, unos señores que ni siquiera les da ninguna pena, cometieron delitos de lesa humanidad.

La Constitución se nos está descuartizando, hay una sustitución de la Constitución, violación a la Constitución, y lamentablemente no han sido observadas por nuestra Corte Constitucional, que debería ser el órgano encargado de salvaguardar y proteger la Carta política del 91.