Los organismos de control entregaron un nuevo reporte del seguimiento que realizan al proceso de contratación de entidades territoriales durante la crisis sanitaria por el Covid 19.

Se trata del gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, a quien la Contraloría General le abrió tres procesos de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en contratación administrativa por valor total de $2.121 millones en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema Covid-19.

Además, la Contraloría también investiga al Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez por presuntas irregularidades en contratación por valor de $112 millones.

El organismo de control también abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat por presuntas irregularidades que suma $193 millones.

En su informe, la CGR también ordenó abrir procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones contra los alcaldes de Girardot (Cundinamarca) y de Chiriguaná (Cesar).

Así mismo, se formularon apertura de 24 procesos fiscales por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19 que involucran a otras 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.

La Contraloría formuló, igualmente, dos indagaciones preliminares a la Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios.

Las Indagaciones Preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés.

Lo mismo, a las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.

El caso del Tolima.

Según explicó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, uno de los procesos contra el gobernador del Tolima tiene que ver con presuntos sobrecostos por $1.151 millones en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020 cuyo monto era de $5.500 millones, celebrado con la empresa SIierra Pineda S.A.S. para la dotación de 55.000 kits alimentarios y de aseo para la población más vulnerable durante la crisis por la pandemia.

Además del gobernador Orozco Valero, fueron vinculados al proceso de responsabilidad fiscal su secretaria de Salud, Adriana Alexandra Márquez, y José Atanibal Sierra Ávila, representante de la firma Sierra Pineda S.AS.

El segundo cargo contra el gobernador del Tolima se relaciona con presuntos sobrecostos por $827.533.223 en el contrato N°0531 del 1 de abril de 2020 cuyo monto era de $5.000 millones celebrado con la firma Enred Groups S.A.S. para la dotación de 50.000 kits alimentarios y de aseo.

A este proceso la CGR vinculó también a Gustavo Adolfo Castaño, Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, y a César Augusto Trilleras, representante legal de la firma Enred Group S.A.S.

El tercer proceso contra el gobernador de Tolima se relaciona con un posible daño patrimonial al Departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el contrato 493 de 2020 suscrito con la firma León Gráficas S.A.S, y que tenía por objeto prestar servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada ‘Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020’.

En este caso, el proceso por responsabilidad fiscal asciende a $143 millones contra el Gobernador del Orozco Valero, es dice el organismo de control que la Gobernación tenía el personal idóneo para desempeñar esa función.

A la investigación fueron vinculados otros seis funcionarios de la administración y un contratista.

El caso de Guainía.

De otro lado, el proceso de responsabilidad fiscal contra Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, asciende a $112 millones por el presunto daño al patrimonio derivado del presunto sobrecosto determinado en el contrato 460 de 2020, suscrito con Sandra Patricia Gaviria Hurtado, para la compraventa de víveres (6.245 kits) con destino a la población más vulnerable del Departamento.

También fueron vinculados la secretaria de Gobierno Claudia Jimena Arango, y un contratista.

Otros procesos.

La Contraloría también inició procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena William Dau Chamatt, en cuantía de $193.357.579 por presuntos sobrecostos en un contrato con la empresa Ventas Distribución y Marketing Ltda., por $1.215.500.000, para suministrar insumos sanitarios y de protección.

Varios funcionarios de la administración distrital también están siendo investigados.

Al alcalde de Chiriguaná, Cesar, s ele abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $24.764.889, por posibles sobrecostos en la ejecución del contrato de suministro 002 de 2020 por valor de $228.913.080, suscrito con Saúl Téllez Pabón para el suministro de ayudas humanitarias.

El organismo también inició un proceso de responsabilidad fiscal contra la Alcaldía de Girardot (Cundinamarca) por el posible daño patrimonial en cuantía inicial de $54.102.239 en la ejecución del contrato por $1.013.070.000 suscrito por el Municipio con Intersum Soluciones para Empresas e Instituciones.

Balance de seguimiento preventivo

La CGR ha revisado contratos por $3,9 billones, que equivalen al 19 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante lo que va corrido del año, cuyo monto es de $20.6 billones.

Hasta la fecha, la Contraloría General ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos cuyo valor total es de $484.000 millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.

“A la fecha, las alertas de la Contraloría han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones. Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones”, dice el informe.