La competencia para pedir la deportación de la excongresiasta Aída Merlano la tiene la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es la que el 12 de septiembre determinó la condena a 15 años de prisión.

Así lo expuso ayer el magistrado Luis Antonio Hernández, sustanciador de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, luego que el martes la Cancillería le solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la documentación necesaria para iniciar el trámite de deportación de Merlano, capturada en Venezuela.

Será entonces la Sala Especial de Primera Instancia la que luego de recibir la documentación de Cancillería eleve la petición ante el Gobierno nacional para que tramite la deportación ante las autoridades de Venezuela.

Según una comunicación firmada por el magistrado Hernández, el artículo 512 de la Ley 906 de 2004, Ley de Procedimiento Penal, es clara en decir que la competente es la sala que dictó el fallo condenatorio, “según se lo ha hecho saber a la Corte la Cancillería en un oficio suscrito por la directora de Asuntos Consulares y Servicio al Ciudadano”.

De hecho, EL NUEVO SIGLO conoció que fue esa funcionaria la que hizo saber a la Corte que Merlano está actualmente privada de la libertad en Venezuela.

El citado artículo indica que para solicitar la extradición el requisito es que, “sin perjuicio de lo previsto en tratados públicos, cuando contra una persona que se encuentre en el exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento, resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no inferior a dos años de prisión, el funcionario que conociere del proceso en primera o única instancia, pedirá al Ministerio del Interior y de Justicia que se solicite la extradición del procesado o condenado, para lo cual remitirá copia de la providencia respectiva y demás documentos que considere conducentes”.

Según la norma, “la solicitud podrá elevarla el funcionario de segunda instancia cuando sea él quien ha formulado la medida”. En otras palabras solamente el encargado del juzgamiento puede elevar la solicitud y en este caso la única instancia que ha condenado a Merlano es la Sala Especial de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y tenencia de armas.

La excongresista Merlano fue condenada un año y siete meses después de las elecciones a Congreso en las que el mismo día de los comicios la Fiscalía anunció la existencia de una red de compra de votos en Barranquilla a favor de Merlano, entonces candidata al Senado, y otros políticos locales.

Las investigaciones de la Fiscalía se iniciaron el 11 de marzo de 2018 cuando fue allanado el comando político de la candidata conservadora.

En el operativo las autoridades incautaron $268 millones en efectivo, y documentos sobre los balances económicos de la campaña de Merlano, según los cuales se habrían movido al menos $1.730 millones, cifra que estaría por encima del tope máximo de gastos permitido para cada candidato. Así mismo, la excongresista fue acusada de tener un complejo sistema de bases de datos que le permitía a conocer quién había votado por ella y así pagar la supuesta compra de votos que se efectuó en ese lugar.

Tras ser condenada, el 1 de octubre Merlano protagonizó una cinematográfica fuga de un consultorio médico en el norte de Bogotá, por lo que las autoridades abrieron una investigación en contra de su hija y el odontólogo Javier Cely. En diciembre del año pasado su hija publicó una carta en la que Merlano aseguraba tener “toda la intención de entregarse” con tal de que la justicia respetara sus derechos. Este 27 de enero Merlano fue recapturada por las autoridades venezolanas en Maracaibo, Venezuela.

Allí Merlano enfrenta cargos por entrar ilegalmente al país en compañía del que sería el mismo hombre que la ayudó a fugarse. La justicia colombiana anunció que agotará todos los recursos disponibles para que vuelva al país y pague su condena, según lo declararon las ministras de Justicia, Margarita Cabello, y de Relaciones Exteriores, Claudia Blum.

“Relaciones no pueden regirse por ideologías”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, le manifestó al jefe de Estado colombiano, Iván Duque, que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones no pueden regirse por ideologías.

A su vez, el líder chavista reiteró que continúa dispuesto a reabrir los consulados de Colombia en su país.

“Estoy listo para abrir los consulados de Venezuela y Colombia ya, las relaciones internacionales, las relaciones entre países vecinos no pueden regirse por ideologías, por extremismos ideológicos, tienen que regirse por intereses de Estado, tenemos que ser estadistas”, subrayó Maduro.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el jueves, Duque rechazó la propuesta de Maduro de reactivar la relación consular de sus países para facilitar la deportación de Merlano.

"Nosotros vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, sencilla y llanamente por la constante violencia que hay por parte de la dictadura frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo hacia la dictadura", manifestó Duque, quien añadió que Maduro fue quien decidió expulsar a todos los funcionarios consulares colombianos. "Lo que corresponde es que Aída Merlano sea deportada para que se le aplique en Colombia todo el peso de la ley”.

“Es una delincuente y los colombianos esperamos que llegue a nuestro país, que sea juzgada y sancionada como le corresponde por los delitos que ha cometido", agregó Duque. /Anadolu