Abrir una investigación previa sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 frente a la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, decidió ayer la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

El crimen que ya fue declarado por la Fiscalía como de lesa humanidad, por lo que no prescribe y la investigación en la célula legislativa tampoco, según la representante del caso, la congresista por Magdlena, Kelyn Johana González, del Partido Liberal.

El proceso que se abrió desde el 23 de febrero de 2010 había avanzado con algunas declaraciones juradas, entre las que estaban las de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, y el exdirector del liquidado DAS, Ramiro Bejarano. Sin embargo, desde ese momento el proceso está suspendido.

En esta nueva etapa del proceso fueron citados a declarar a la Comisión de Acusación el expresidente Ernesto Samper y el exdirector de la revista Semana, Mauricio Vargas Linares, coautor del libro “El presidente que se iba a caer”, así como el exsecretario general de la Presidencia, José Antonio Vargas; el exasesor de comunicaciones de la Presidencia, Juan Fernando Cristo; el exministro de Gobierno, Horacio Serpa; y el excongresista Santander López Sierra.

Otros de los citados son el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez; el edecán del expresidente Samper, Germán Osorio; el mediador con los carteles de la droga Gabriel Puerta; el exministro de Defensa, Fernando Botero Zea; el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango; y el exdirector de la Policía, Roso José Serrano.

‘Rasguño’

El proceso está fundamentado, en parte, en la declaración que entregó en febrero de 2010 el ya mencionado Gómez Bustamante, uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle. Según le dijo el convicto a la justicia de Estados Unidos, el expresidente Samper estuvo implicado en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado.

‘Rasguño’ fue condenado por un fiscal de Distrito de Nueva York a 30 años de cárcel por narcotráfico al llevar a suelo norteamericano por lo menos 500 toneladas de cocaína. Su prontuario también incluyó asesinatos y lavado de activos.

Cabe anotar que el 10 de diciembre del 2018, el presidente Iván Duque pidió que los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y de Gloria Lara de Echeverri fueran declarados crímenes de lesa humanidad.

“Yo espero que casos que sembraron tanto dolor en Colombia, de líderes sociales y políticos como el de Álvaro Gómez Hurtado, sean declarados crímenes de lesa humanidad y se pueda llegar hasta las últimas consecuencias para quienes fueron autores materiales e intelectuales de un caso vil de asesinato de uno de los más importantes pensadores políticos que haya tenido nuestro país”, afirmó el mandatario.

Lesa humanidad

El crimen ya había sido declarado así en 2017. En esa oportunidad, la Fiscalía manifestó que "en su ponencia el fiscal del caso destacó cómo Álvaro Gómez Hurtado fue un personaje que realizó una ferviente campaña en pro de la moralización del país, de la restauración Institucional, y de la eficiencia y eficacia del Congreso. Además resaltó la participación del líder en la eliminación de todas las formas de violencia y delincuencia".

Un fiscal de Derechos Humanos concluyó que el atentado en el que perdió la vida Gómez Hurtado fue uno de los asesinatos cometidos por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en 1995 y que tenía una política de exterminio o aniquilamiento de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición.

La Fiscalía demostró a través del material probatorio recaudado cómo en la década de los 90 también “se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los derechos humanos como amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y políticos, por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país. Hechos que sin duda cobran carácter de delitos Internacionales o de Lesa humanidad y, que en aras de la prevalencia de la justicia y de la mano de los tratados internacionales y la Constitución Política, se tiene clara la necesidad de establecer la verdad a pesar del tiempo que haya transcurrido”.