Ante la crítica situación de las cárceles en el Atlántico, el Ministro de Justicia Enrique Gil Botero y autoridades del departamento, se reunieron para anunciar el compromiso por parte de la Policía Nacional para poner en marcha el plan piloto que busca garantizar la vigilancia de las personas que saldan su deuda con la justicia en detención domiciliaria y otros hechos que enfrentan las cárceles de la región.

En la reunión se dio a conocer que serán los policías del cuadrante los encargados de vigilar y hacer el reporte correspondiente de las personas privadas de la libertad que cuentan con brazalete electrónico en el Atlántico.

“Ya tenemos una hoja de ruta lista para comenzar con este programa piloto, aproximadamente en dos semanas; la vigilancia de la detención domiciliaria la debemos comenzar a hacer casi que de inmediato. De esta forma, desde el Gobierno nacional queremos ponerle fin a la problemática de la reincidencia que tanto asecha a los colombianos”, aseguró el ministro Gil Botero.

Con este convenio marco de cooperación, se busca desarrollar estrategias y proyectos para la planeación, construcción, administración y mantenimiento de los centros penitenciarios y carcelarios del Atlántico; así mismo reducir la tasa de hacinamiento en las cárceles y en las Unidades de Reacción Inmediata (URIS).

“El Gobierno nacional tiene una política clara de humanizar las cárceles; los recursos existen y estamos contribuyendo conforme a la ley, armonizando municipios y departamentos en el cumplimiento de la población privada de la libertad, ya sean sindicados o condenados”, dijo el alto funcionario.

Desde el Ministerio de Justicia se busca enlazar la seguridad ciudadana con las garantías y derechos de las personas privadas de la libertad. Con la puesta en marcha de este convenio, el ejecutivo busca fortalecer y racionalizar la política criminal y penitenciaria del Atlántico.

El alto funcionario aseguró que lo más importante de las medidas o estrategias que se implementen en el marco de esta relación de cooperación, será el garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. “La construcción de centros de reclusión deberá cumplir con los estándares más altos definidos por la Corte Constitucional y los demás organismos internacionales en cuanto a diseño y ejecución”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, reconoció que el tema migratorio con Venezuela se convirtió en muy preocupante para muchas ciudades de la Costa, y Barranquilla no podía ser la excepción.  Producto de ello, ha sido el incremento de los hechos delincuenciales en los que han estado involucrados ciudadanos del vecino país.

Para el alcalde Char, “otro de los problemas que golpea a las grandes capitales es el hacinamiento carcelario, además de la reincidencia en la comisión de delitos por parte de sujetos que son capturados en reiteradas ocasiones y posteriormente dejados en libertad por los jueces de la República”.