La masacre ejecutada en días pasados en el municipio de Samaniego, Nariño, que cobró la vida de ocho jóvenes, hizo que el país se impactara nuevamente por un fenómeno que, duele decirlo, parece haberse vuelto paisaje, pues no ha dejado de ocurrir en los últimos 40 años en el conflicto, del que se valen los grupos armados ilegales para producir terror entre la población y como consecuencia, ejercer control y dominación sobre esta.

Lo más preocupante en este momento es que masacres como la de Samaniego podrían producirse en cualquier instante en algunas regiones del país en donde grupos armados hacen fuerte presencia, aprovechándose de las economías ilegales que desarrollan alrededor de cultivos ilícitos, narcotráfico, minería ilegal y extorsión, especialmente en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en el Pacífico, en el Cauca, así como en algunas zonas de Antioquia.

El gobierno Duque ha incrementado la presencia militar en las regiones presas del conflicto para hacerle frente a los grupos armados ilegales, ha avanzado en la erradicación forzada de cultivos ilícitos, así como ha dado importantes pasos en materia de inversión social y desarrollo, en el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y ahora, con la implementación de las Zonas Futuro.

A pesar de ello, en el caso de las disidencias y el Eln, han crecido en el número de hombres tras la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016 y otros GAO como el Clan del Golfo, los ‘Pelusos’ y los ‘Puntilleros’, se hacen fuertes en los territorios manteniendo sus rentas ilícitas y afectando a la población civil, como se ve con la espiral de crímenes que no cesa contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como los constantes desplazamientos de campesinos.

El Ejecutivo nacional achaca, principalmente, al narcotráfico la ocurrencia de esta violencia. Al respecto el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “en el caso de Samaniego hay unas bandas de narcotraficantes locales y el Eln le cobra vacuna a todos los narcotraficantes. Por eso, la política del Gobierno es tan fuerte en el combate al narcotráfico, por eso insistimos en reanudar la aspersión, por eso estamos en la erradicación forzosa y por eso estamos acudiendo a todas las herramientas legítimas”.

Por su parte, el presidente Duque señaló que estos hechos se dieron por el narcotráfico, “por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos territorios”.

El ministro Trujillo García destacó los números que se han logrado en este Gobierno en cuanto a reducción de hurtos, extorsión, homicidios y secuestros. Estos últimos con las cifras, aseguró, más bajas en los últimos 45 años.

Dijo sobre la ocurrencia de masacres que “no es cierto que se hayan presentado de nuevo con ocasión del gobierno del presidente Duque”. Añadió que si se revisan las cifras históricas se puede ver que “infortunadamente esos fenómenos se han presentado en el pasado. En este año hay un número menor al del anterior y comparativamente menor también, a otros registros históricos en años anteriores. Eso no quiere decir que no se reconozca el problema”.

La masacre en Samaniego se produjo el pasado 15 de agosto en una finca cercana al casco urbano del municipio, en donde aproximadamente 40 personas se reunieron para departir acompañados de baile y licor. Cuando fueron sorprendidos por cuatro sujetos armados y encapuchados que abrieron fuego de forma indiscriminada, cobrando la vida, como se dijo, de ocho jóvenes, la mayoría de ellos universitarios, que estaban en la región desde hacía varias semanas debido a la pandemia.

El pasado miércoles, el presidente Duque junto con la cúpula militar y de Policía se reunió con el alcalde de Samaniego, Óscar Pantoja, para revisar acciones en materia de seguridad y avances de investigación por esta masacre.

Cinco días antes de este episodio en Samaniego, dos menores de edad, de 12 y 17 años, fueron asesinados entre los departamentos de Cauca y Nariño cuando iban a su colegio a entregar una tarea. El hecho se atribuye a grupos paramilitares.

Mientras que el pasado 11 de agosto, cinco menores que eran amigos y vecinos en un barrio de la zona periférica de Cali fueron asesinados, sin que hasta el momento se sepa sobre los autores y los móviles, a pesar de que la Gobernación del Valle ofreció $200 millones por información.

Cifras escalofriantes

Tras condenar la ONU en Colombia la masacre de los ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, así como los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades, indicó que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres en el país en lo que va de este año.

Debido a estos hechos preocupantes, la ONU hizo un llamado a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia, y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades.

Po su parte, el informe “Basta ya: Colombia memorias de guerra y dignidad”, realizado por el Centro de Memoria Histórica, indicó que entre 1980 y 2012 se produjeron 1.982 masacres, que dejaron como saldo 11.751 muertes. De las cuales 58,9% son atribuidas a grupos paramilitares; 17,3% a guerrillas; 7,9% a la Fuerza Pública; 14,8% a grupos armados no identificados; 0,6% a paramilitares y Fuerza Pública en acciones conjuntas; y 0,4% a otros grupos.

Según este informe, entre las masacres perpetradas por las guerrillas en dicho periodo, 238 fueron ejecutadas por las Farc; 56 por el Eln; 18 por el Epl; tres por otras guerrillas -M-19 y Movimiento Quintín Lame-; siete por dos o más guerrillas en acciones conjuntas; 18 por guerrilla no identificada; y tres por disidencias o facciones de guerrillas -el Frente Ricardo Franco de las Farc o el Erp del Eln-.

Mientras que el Registro Único de Víctimas indica que en el año 2018 se registraron 10 masacres; en tanto que en 2019 fueron 36 de estos hechos, que implicaron la muerte de 133 personas, “la cifra más alta registrada por el Acnudh desde 2014”, según indicó en un informe la Oficina de la ONU (Oacnudh).