Una Corte del Estado de la Florida, en Estados Unidos, y através de un fallo considerado en defensa de los derechos humanos, y tras el veredicto del jurado evaluador en el proceso se declaró culpable por financiación del terrorismo a la multinacional estadounidense Chiquita Brands por financiación de grupos paramilitares.

La determinación judicial, obedece a la demanda interpuesta por un grupo de víctimas de grupos paramilitares quienes en el año 2007 fueron víctimas de masacres, desaparición forzada y desplazamiento en las regiones del Urabá antioqueño y el Magdalena medio quienes tras 17 años de proceso judicial contra Chiquita Brands finalmente ha obtenido justicia.

Según el fallo de las justicia de los Estados Unidos, “Se confirman las acusaciones en contra de Chiquita Brands que para mantener sus ganancias hizo entrega de recursos a los grupos de autodefensa denominados (AUC), aún conociendo los atroces actos cometidos por este grupo paramilitar, catalogado como terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos, y que además en un inicio se denominaron como grupos de ‘convivir’, sobre el cual comienza su accionar terrorista”.

En el fallo, también se advierte que “los más de 1,7 millones de dólares que pagó la multinacional a las AUC, entre 1997 y 2004, contribuyeron a fortalecer su presencia en el Urabá y en el Magdalena y a recrudecer la violencia en la región”. El proceso también hizo parte de las denuncias contra la compañía internacional por parte de familiares de sindicalistas desaparecidos y asesinados en extrañas circunstancias y de quienes se presume fueron desaparecidos en esas regiones del país por parte de las organizaciones de autodefensa.

Además, representantes judiciales de las víctimas indicaron en medio de las audiencias de juicio que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.

Víctimas se pronuncian

Las víctimas han recibido esta noticia como un reconocimiento de su sufrimiento y una oportunidad para ser reparadas. “Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", afirmó una de las víctimas del juicio.

Esto pese a dos aspectos importantes, tras las primeras demandas, la multinacional fue condenada a pagar una multa de US$25 millones de dólares en Colombia para resarcir daños a terceros por las masacres de las víctimas. Sin embargo este dinero no fue invertido en la reparación de los afectados por las acciones violentas, pese a que desde finales de los años 90 y hasta el año 2005 Chiquita Brands reportó ganancias netas cercanas a los US$50 millones de dólares pese a operar en una zona de alto conflicto armado, solo hasta el año 2007, cuando la compañía cesó sus operaciones en el país, la justicia intencional adelantó el proceso luego del reconocimiento de Chiquita Brands en el actividades de paramilitarismo.

Dilaciones en el proceso

Varios fueron los momentos, en los cuales la empresa estadounidense intentó desvirtuar e incluso desviar las investigaciones. A partir del año 2011, Chiquita Brands utilizó recursos jurídicos para que la justicia de Estados Unidos desestimara el proceso e indicando que el caso debía ser juzgado en Colombia por ser el país donde ocurrieron los hechos, sin embargo estos alegatos no prosperaron y el fallo para continuar con el juicio se dio a conocer en 2016.

En 2019, partes intervinientes en el proceso hicieron caer en error a la justicia de Estados Unidos al excluir del proceso documentación que relacionaba a los grupos de autodefensa con los crímenes, hecho que tuvo que ser desvirtuado y que obligó a la justicia colombiana a presentar pruebas para llevar a juicio a esa compañía.

Para 2022 se apeló el fallo de 2019, y tras dos años de juicio, Chiquita Brands fue condenada a pagar US $38 millones de dólares como indemnización a las víctimas.