La capital del país logró disminuir la delincuencia juvenil. Así lo reveló el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, conjuntamente con la secretaria de Integración Social, Cristina Vélez, y la secretaria de Educación, Claudia Puentes, sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Administración distrital.

Al comparar las cifras de delincuencia juvenil de 2015 con 2018 se evidencia una disminución del 32%. Cuando inició la administración Peñalosa, 7.930 menores de edad participaron en la comisión de delitos según los registros de la Fiscalía General de la Nación, mientras que en 2018 este indicador bajó a 5.384.

Las aprehensiones de adolescentes y jóvenes también disminuyeron 44% en este mismo periodo. Mientras en 2015 se presentaron 4.995 casos, en 2018 se registraron 2.809.

“Hoy Bogotá ha llegado a un acuerdo, creo que histórico, con la Fiscalía General de la Nación, con el Consejo Superior de la Judicatura que es el encargado del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con el ICBF, el acuerdo es darle la importancia que tiene el principio de oportunidad y la posibilidad de darle nuevas rutas de acompañamiento a los jóvenes. Hoy este programa, que ha venido funcionando en los últimos dos años y medio tiene una reincidencia del 3%, que es uno de los resultados más sólidos con relación con el acompañamiento de estos jóvenes, los cuales estamos trabajando con modelos culturales, con el reconocimiento del delito y trabajar con la víctima”, explicó Jairo García.

Delitos

El hurto, las lesiones personales y el tráfico de estupefacientes son los delitos más perpetrados por jóvenes con edades entre los 14 y los 17 años; el comparativo muestra que mientras en 2015 se presentaron 2.682 casos de hurto a personas, en 2018 bajó a 1986, es decir una reducción del 25%.

Las lesiones personales pasaron de 1.804 a 1.260 y el tráfico de estupefacientes pasó de 1.401 a 620 casos, en el mismo periodo.

A su turno, Claudia Puentes destacó que estos resultados se deben al trabajo en equipo que se realiza con la Secretaría de Seguridad en los entornos escolares, “el hecho de que Bogotá ya no tenga esas ollas cambió completamente las perspectivas de participación juvenil en crímenes, todo el trabajo que se lideró en el Bronx, en ‘Cinco huecos’ y todo el trabajo de acabar con esas ollas se ha visto reflejado en menor participación de jóvenes en criminalidad”.

La Administración Distrital está empeñada en brindar una atención diferenciada a los menores en conflicto con la ley, en los 12 centros de atención donde cumplen sanciones privativas y no privativas de la libertad.

Para la Secretaría de Integración Social, Cristina Vélez, la reducción de la participación de jóvenes en diferentes modalidades de crimen en Bogotá, no es algo fortuito, ni pasa por inercia; “estamos trabajando en equipo y eso ha sucedo por tener todos los componentes de atención a la juventud, estamos a menos de un mes de sacar la política pública de la juventud en la que participaron más de 35 mil jóvenes, poniendolos temas sobre la agenda. Entre los temas priorizados por ellos fueron la prevención del consumo, la prevención del delito, sin convertir los temas con enfoque de seguridad”, destacó.

Una estrategia innovadora es Cuenta Hasta 10, un programa diseñado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para reducir las consecuencias negativas de las acciones que adolescentes y jóvenes toman cuando actúan impulsivamente. Les brinda herramientas para que reconozcan sus emociones y pensamientos para que tomen mejores decisiones.

Desde la perspectiva de prevención, se han vinculado 1.540 jóvenes y adolescentes en el programa que se desarrolla en nueve colegios, dos Unidades Integrales de Protección de Idipron y un Centro Amar.

En el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el programa ha vinculado a 696 adolescentes y jóvenes, ha realizado 96 talleres que en promedio involucra 720 familias. Con los jóvenes y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, lo que se busca es prevenir la reiteración en el delito a través de la regulación emocional.