Un daño fiscal calculado en $5.364 millones encontró la Contraloría General de la República en el inconcluso proyecto Ciudadela Policial Cenop, desarrollado en San Luis, Tolima, que consta de 51 viviendas.

El contralor delegado para el sector de Defensa y Seguridad, Sebastián Montoya, le pidió al general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, un plan de mejora para no tener que intervenir.

Las soluciones habitacionales comenzaron a construirse en 2012 con recursos del Fondo Rotatorio de la Policía. Ocho años y cuatro prórrogas después las casas están sin terminar, no aptas para habilitar y desde hace cuatro años “no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión”, expresó la Contraloría, organismo para el que debilidades en las etapas de planeación y ejecución del proyecto ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación tiene pendiente una a audiencia de juzgamiento disciplinario al general Atehortúa.

El Ministerio Público le reprocha al alto oficial aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias cuando ocupó la Inspección General, así como supuestas extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo.

La Procuraduría ya dio traslado de piezas procesales a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen hechos que podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción del proyecto.

Proceso disciplinario

En el juicio disciplinario, Atehortúa deberá responder por cuatro cargos. En el primero se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta gravísima por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato con presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

El segundo cargo cuestiona que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto.

El tercer cargo señala una presunta extralimitación de funciones por acudir a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General.

El cuarto cargo reprocha al oficial que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su actual cargo para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando.

Los cargos fueron calificados en esta etapa del proceso a título de dolo.