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Décadas de pulsos políticos y administrativos entre los departamentos de Meta y Caquetá deberían poder zanjarse en los próximos días cuando la plenaria del Senado aborde el tema.
Desafortunadamente, un tema que debería ser técnico y por lo tanto de solución administrativa se volvió político, por lo que todavía es incierto si realmente la decisión que tome el Congreso satisfaga a las partes en litigio, como no lo han hecho las que se han tomado hasta el momento.
El centro del debate son unos $5.000 millones de regalías que genera en el corregimiento de San Juan Lozada el yacimiento petrolero Ombú Capella, explotado por Emerald Energy,
El centro del debate son unos $5.000 millones de regalías que genera en el corregimiento de San Juan Lozada el yacimiento petrolero Ombú Capella, explotado por Emerald Energy, giros que inicialmente cobraron la Gobernación de Meta y la Alcaldía de La Macarena, pero que están congelados por el reclamo del Caquetá, cuyas autoridades alegan que San Juan Lozada (pozos incluidos) está más cerca de San Vicente del Caguán que de La Macarena.
Además de San Juan Lozada, Caquetá reclama Puerto Lozada, La Unión, Los Pozos, Las Delicias, La Sombra, La Machaca, El Recreo, La Ye, Morrocoy y Las Américas, en total 3.630 kilómetros cuadrados con 8.000 habitantes disgregados en 112 veredas, corregimientos ubicados entre La Macarena y San Vicente del Caguán, donde también Canacol explora el bloque Sangretoro.
Informe rechazado
A comienzos de agosto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) llevó a la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado un nuevo mapa en el que dos terceras partes del área disputada serían caqueteñas y el resto mentense, lo que no les gusto a ninguna de las partes.
Mientras el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se quejó de que “el Caquetá nos va a quitar un terreno que es casi dos veces la extensión del departamento del Quindío”, su contraparte, el mandatario Arnulfo Gasca, planteó que fueran los “habitantes de San Juan y Puerto Lozada los que decidan democráticamente en qué departamento se quieren quedar”. Eso mismo ha señalado el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Alfredo Perdomo, quien en una audiencia en el Senado solicitó que les permitan realizar un plebiscito para establecer el futuro de esa región.
El 31 de agosto, con ponencia de los senadores María del Rosario Guerra (Centro Democrático) y Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), así como de los representantes Alejandro Vega (Partido Liberal) y Rubén Molano (Centro Democrático), las comisiones de Senado y Cámara decidieron no acoger y, en consecuencia, devolver el informe técnico radicado por el IGAC, determinación adoptada con votos de 12 representantes y 8 senadores.
Se determinó mantener los límites tal y como figuran en los mapas oficiales actuales, pidiéndole al IGAC actualizarlos.
Vega dijo entonces que se demostró jurídica, técnica y políticamente que los límites entre los dos territorios deben ser los que existen desde hace más de 50 años.
El IGAC argumentaba, de acuerdo a un estudio cartográfico y verificaciones en campo, que debían ajustarse las fronteras de los dos territorios porque las ubicaciones de esas limitaciones cambiaron a partir de la cartografía de 1976.
“Con el trazado propuesto por el IGAC se modificaría sustancialmente el límite legal vigente de los departamentos del Meta y del Caquetá, lo cual tendría sentido si el legislador no se hubiere ocupado previamente de definir los límites de los dos departamentos y estuviera el Congreso actual ante la necesidad de llenar un vacío normativo”, argumentó Vega.
Ante ese resultado, el gobernador Gasca consideró que “no es que el Meta haya ganado ni el Caquetá haya perdido”, sino que se rechazó el “informe técnico del IGAC, que si bien es cierto tiene algunas cosas buenas, nosotros como caqueteños tampoco compartimos. Hay algunas cosas que se tienen que mejorar y se tienen que hacer de una manera diferente”.
"El gobernador Gasca consideró que “no es que el Meta haya ganado ni el Caquetá haya perdido”, sino que se rechazó el “informe técnico del IGAC”.
Sigue el pulso
Sin embargo, 15 días después se conoció que la proposición que llevarían Guerra y Pacheco a la plenaria del Senado para la decisión final acogía el informe radicado por el IGAC, aceptando la precisión de los límites ahí contenidos, por lo que por una parte un grupo de senadores y representantes miembros de las comisiones le pidieron al presidente de la COT, el senador Miguel Amín, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), materializar la proposición aprobada por esta célula, de tal manera que esa sea la propuesta que estudie la plenaria.
En particular, el representante Vega les hizo “un llamado a los ponentes del Senado de la República para que proposición que pongan a consideración y radiquen sea la aprobada en las comisiones conjuntas y no otra, porque eso violaría el principio de consecutividad y no estaría apegada al proceso legislativo establecido en la ley”.
De hecho, el congresista llanero elevó una consulta sobre el particular ante la Secretaría General del Senado, que le habría dado la razón. Según dijo, “a pesar del cambio de decisión por parte de la subcomisión del Senado, la cual buscaba que se acogiera el informe del IGAC, bajo el cual nuestro departamento perdería aproximadamente 2.700 kilómetros cuadrados, la Secretaría General del Senado nos da la razón y manifiesta que esta decisión no es procedente. Así las cosas, la Secretaría General devuelve este expediente solicitando que se cumpla lo ya aprobado en nuestra proposición, la cual rechaza este informe del IGAC y mantiene los límites vigentes de nuestro departamento”.
En contravía de lo defendido por Vega, el gobernador Gasca insiste en que los predios en litigios son de Caquetá y no del Meta, porque ha mantenido presencia en el territorio en litigio de manera histórica. “Hay infraestructura educativa, vial y demográfica adscrita al Caquetá”, manifestó.
Otra cosa piensa el gobernador Zuluaga, quien ha dicho que no quiere quitarle ni un sólo centímetro al Caquetá. “Las pretensiones del Caquetá son de 3.700 metros cuadrados. La ley es la Ley, y es justa. Nosotros demostramos que el informe del IGAC es antijurídico e ilegal. Hemos sido juicios con la ley en la mano y sin populismo defendemos el territorio. Desde hace 60 años están definidos los límites”, precisó.
De cara al debate en la plenaria del Senado, el legislador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, ha expresado que "debemos definir en justicia y no en la Ley sobre el diferendo limítrofe de Caquetá y Meta", planteando que “no desechemos la propuesta de un funcionario que pidió una consulta. Esta consulta es un insumo vital con el concepto de territorialidad. Esa ley tiene sentido en cuanto a que pueda interpretar la justicia. Lo justo no lo vamos a encontrar en la norma”.
Mientras tanto, el también senador verde Jorge Guevara, dijo que en estos momentos no hay nada definitivo en el diferendo limítrofe entre Caquetá y Meta. “Se ha ganado un consenso del informe serio y sobre el terreno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El territorio no es un espacio frío, es un sitio que tiene un componente humano, que tiene hechos históricos”, manifestó.