![ÁNGELA MARÍA BUITRAGO ANGELA MARÍA BUITRAGO](/sites/default/files/2024-08/08%20A%20M%20OFF%20MINJUSTICIA%20AGOSTO%2020.jpeg)
“OJO A LO QUE SALGA”. Uno de los principales abogados penalistas del país le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que había que “estar atentos” a lo que se está analizando en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia. “… En penal los cambios normativos no aplican retroactivamente, a menos que sean positivos para el procesado… Sin embargo, no deja de llamar la atención que en medio de los peros de la Casa de Nariño y altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro sobre la naturaleza y conveniencia de los acuerdos de principio de oportunidad que están buscando con la Fiscalía los principales señalados del escándalo en (la Unidad Nacional de) Gestión de Riesgo (de Desastres), como lo son Olmedo López y Sneyder Pinilla, en dicha comisión, por iniciativa de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la propia Fiscal General Luz Adriana Camargo, se está evaluando reformar la aplicación del principio de oportunidad y preacuerdos… Creo que vienen cambios de fondo en la justicia premial, y esperaría que sea para ampliarla”, precisó el abogado.
LO QUE SE ESTUDIA. El proyecto en mención, que es estudiado por la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, modifica las leyes 599 de 2000, 906 de 2004, 1098 de 2006, 1121 del 2006, 1453 de 2011 y 1826 de 2017. La iniciativa, según lo informado por el ministerio, modifica las causales de preclusión y los sujetos habilitados para solicitarlas; faculta la realización de preacuerdos en delitos patrimoniales; e incluye beneficios jurídicos por celebración de preacuerdos y allanamientos, además de establecer medidas para extender la aplicación del principio de oportunidad.
“SIN PRISA, PERO SIN PAUSA”. Esa fue la frase que utilizó un veterano congresista de la costa Caribe cuando varios reporteros políticos de su región le preguntaron sobre el acuerdo entre el gobierno Petro y los gobernadores de esa zona para la creación de la llamada Empresa Energética del Caribe, que tendría como principal función prestar el servicio eléctrico a no menos de 2,7 millones de hogares y miles de establecimientos comerciales e industriales. El parlamentario prefirió no dar declaraciones oficiales porque dijo no conocer muy el fondo del acuerdo que firmaron hace casi dos semanas el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con los gobernadores de la región Caribe.
“SIN PRISA, PERO SIN PAUSA” (I). Sin embargo, agregó que era una “buena idea” pero que aterrizarla no sería fácil, ya que estaba por verse la fuente de recursos entre departamentos con buen músculo financiero y otros “muy pobres”. También está pendiente la estructuración de una empresa que busca prestar el servicio a más de doce millones de personas así como lo que se necesitaría para incursionar en un mercado en donde ya hay dos empresas (Afinia y Air-e), que reemplazaron a Electricaribe a comienzos de esta década y hoy son muy criticadas. “Esas empresas tienen unas inversiones, redes e infraestructura que no son fáciles de reemplazar y generan algunos derechos adquiridos”, agregó. Aunque el Ministro y los gobernadores, el día del lanzamiento de la propuesta, indicaron que la idea era crear modelos similares a los de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Grupo de Energía Bogotá (GEB), es claro que estos dos procesos tardaron muchos años en consolidarse.