De forma categórica, el Gobierno nacional rechazó las afirmaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de un informe, en el que se condenan ataques contra excombatientes reincorporados.

El Ejecutivo calificó como “totalmente inaceptable” la afirmación del organismo internacional de que “existe un aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”.

“Es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc. El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”, añade la comunicación.

El Gobierno, a continuación, expuso el trabajo que han realizado diversas entidades para proteger a los excombatientes de la guerrilla. “Por ejemplo, todos los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación (ETCR) cuentan con dispositivos de seguridad estructurados con la presencia permanente de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, de la cual hacen parte 1.243 efectivos. Así mismo, se cuenta en forma permanente con la operación del Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército Nacional, que realiza control territorial, con 220 personas en coordinación y articulación y casi 3.000 efectivos en seguridad y con la presencia de un batallón en cada uno de los 24 ETCR”.

“Este despliegue del Estado conlleva un efecto de seguridad ciudadana que beneficia a las comunidades aledañas a los ETCR con las acciones de seguridad preventiva que desarrollan las Fuerzas Militares en cada una de las regiones”, añade el texto.

Por su parte, el senador Álvaro Uribe dijo que “Naciones Unidas está actuando de manera que no hay garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el Gobierno está incitando a la violencia contra los desmovilizados?  (...) lo que hay que decirle a Naciones Unidas es que respeten, que este es un Gobierno decente". 

Agregó que  "las Naciones Unidas sabían que la JEP iba a liberar a Santrich. ¿Qué garantías dan las Naciones Unidas para el paÍs? Naciones Unidas sabe que en algunos espacios territoriales donde se han ubicado las FARC, han tenido coca y armas". 

"Que Márquez anda con 400 individuos armados en Venezuela, merodeando cerca de la frontera. ¡Eso es muy grave! Yo por eso he hecho en redes sociales esta denuncia contra las Naciones Unidas”, concluyó. 

Cuestionario

El Gobierno señaló que, para la realización de su informe, los relatores especiales de ONU enviaron una comunicación oficial, “que fue transmitida por el canal diplomático regular, a través de la Misión de Colombia en Ginebra”. “El Gobierno recibió un cuestionario elaborado por ellos y, siguiendo la práctica usual, de inmediato se iniciaron las consultas correspondientes para recopilar la información necesaria para responderlo. Sin embargo, el hecho de que los autores del cuestionario hayan salido a la luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas como las que figuran en el comunicado mencionado, ha llevado al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario mencionado”, añade el texto, que agrega que la “forma de proceder” de los relatores “no corresponde con los criterios de actuación establecidos en el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. En particular, llama la atención sobre la ausencia de contrastación de los hechos en el mayor grado posible a partir de diversas fuentes, pertinentes y creíbles”.

En un pronunciamiento realizado ante los medios de comunicación, el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, señaló que los relatores no tomaron “las medidas necesarias para poder hacer una verificación de los hechos”. “Los relatores habían hecho un cuestionario al Gobierno colombiano que, evidentemente, era sesgado. Sin esperar el tiempo que ellos mismos habían concedido al Gobierno entraron a pronunciarse. Nosotros no solamente estamos convencidos que la Fiscalía, la Procuraduría, el Ejército, todas las instancias que tienen responsabilidad sobre la protección de los excombatientes, estamos haciendo todo lo necesario, todo lo que está a nuestro alcance para garantizar esa seguridad”, sostuvo.

“Que los relatores no hayan cumplido con las reglas de procedimiento para que puedan emitir un juicio como correspondería nos dejar muy sorprendidos”, añadió.

Reacciones

El Representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, señaló que la ONU desconoce “todos los avances que ha tenido el Gobierno en cuanto a protección e implementación de los acuerdos”.

“Pese a que hay falencias, el éxito de este Gobierno ha sido que a los excombatientes rasos se les han brindado diferentes oportunidades, que ni siquiera el Gobierno anterior les otorgó. Ellos hicieron un solo proyecto, nosotros llevamos más de 26 proyectos productivos para los excombatientes”, dijo. “Nuestra política es cumplirle a las bases para que no vuelvan a la violencia, pero no bajo la presión sino por el compromiso democrático que tenemos”, agregó.

El congresista manifestó que en el informe hay “desinformación” y consideró que los funcionarios “no pueden seguir haciendo política desde un ente internacional. Si quieren hacer política que se salgan de la ONU y bienvenidos a la palestra pública. Deben guardar la objetividad que, además, es garantía para tener instituciones sólidas”.

El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, afirmó que el informe fue “apresurado”. “Es una ligereza de algunos de sus funcionarios a la que no hay que darle trascendencia. Hay que esperar el resultado de las investigaciones y proceder de conformidad. Tratándose de un organismo multilateral es muy importante que se mantengan los canales institucionales de la diplomacia”, sostuvo.

Expresó que “hoy, en día, el ambiente está caldeado y enrarecido con el proceso de paz y la implementación. Creo un organismo garante de este proceso, como la ONU, ponga elementos adicionales no le hace ningún bien”.

Afirmó que es necesario conseguir un mayor consenso para blindar la paz. “Le hemos propuesto al país es cómo serenar los ánimos y conseguir un mayor consenso entre todas las fuerzas políticas para tratar de blindar el acuerdo de paz y que esa una paz estable y duradera”, sostuvo.

Sobre las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno respecto a los excombatientes, manifestó que el Ejecutivo ha “brindado las garantías a través de la UNP, a través de medidas de autoprotección y a través de la Policía Nacional en algunos territorios. Por supuesto hablamos de Colombia donde hay enorme presencia de grupos armados, disidencias de las Farc y el narcotráfico y eso hace que garantizar seguridad al 100% sea difícil”.

La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, señaló, por su parte, que “estos pronunciamientos de la ONU desconocen los esfuerzos que ha tenido el Gobierno nacional y todo el Estado para proteger los líderes sociales y esclarecer los hechos”.

“En un país que tiene niveles de impunidad superiores al 90% como Colombia debería decir algo que los asesinatos de líderes sociales se han esclarecido en un 50%. Lamentablemente en muchos de estos casos vemos que es responsabilidad de estructuras criminales como el ‘Clan del Golfo’. El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para protegerlos”, sostuvo.

Cuestionó, además, que la organización no ha sido más activa “para que las Farc cumplan con los compromisos que tienen como parte de los acuerdos”.