El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero,  radicó días atrás un proyecto de ley de depuración normativa. Un estudio evidenció que hay 15.772 normas (10.686 leyes, 1.355 decretos leyes y 3.731 decretos legislativos)  potencialmente depurables, y se propuso eliminar 11.819. Aquí las bases de la iniciativa

“Con fundamento en los artículos 154 de la Constitución Política y 140 de la Ley 5 de 1992, presento a consideración un proyecto de ley mediante el cual, en ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 1o del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República, en el capítulo I de esta ley, interpreta con autoridad y efectos erga omnes el estado de finalización de la vigencia de unos cuerpos normativos que, en su integridad, previamente la perdieron, como consecuencia de diversos fenómenos jurídicos que regulan los efectos de la ley en el tiempo.

Adicionalmente, en el capítulo II, este proyecto de ley busca derogar de manera expresa e integral un grupo de cuerpos normativos de carácter general y abstracto de rango legal que han sido identificados por las oficinas y dependencias jurídicas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional como depurables dado el agotamiento de su objeto, su estado de desuso, su situación de obsolescencia, anacronismo, de incompatibilidad con el régimen constitucional vigente, la concurrencia de derogatoria orgánica o que no hayan sido adoptadas como legislación permanente…

… El desbordamiento de nuestro ordenamiento jurídico ha adquirido proporciones tan grandes que se han detectado entre el año 1866 y el año 2014 más de quince mil (15.000) normas de rango legal, sin que exista certeza acerca de su vigencia, circunstancia que impide que los destinatarios de las mismas puedan conocer a cabalidad las reglas que les rigen para proceder a su cumplimiento. Esta situación deriva no sólo en el debilitamiento del principio constitucional de seguridad jurídica, sino a su vez en la ausencia de apropiación normativa.

En razón de lo anterior, el Gobierno Nacional se encuentra empeñado en el desarrollo de claras acciones que contribuyan a la transformación de la justicia a través de la depuración del ordenamiento legal de aquellas normas consideradas como anacrónicas, obsoletas o en desuso, así como de aquellas que han sido reemplazadas orgánicamente por otras posteriores o que contienen mandatos específicos ya ejecutados, pero que, sin embargo, no han sido retiradas expresamente de nuestro sistema jurídico.

El proceso

…  El Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, en ejercicio de la función de formular lineamientos para fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica y de elaborar metodologías para asegurar la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, contando con la participación activa de las oficinas y dependencias jurídicas de las cabezas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional, coordinó la labor de identificación de las normas que deberían ser depuradas.

En efecto, de 15.772 normas de rango legal expedidas entre 1886 a 2014, se identificaron 12.703 como posibles candidatas a ser depuradas, siendo 11.9011 avaladas por los 24 sectores de la Administración Pública Nacional. Este proceso se desarrolló en las siguientes etapas:

a) Diseño y elaboración de la metodología de depuración normativa.

Con miras al logro efectivo del proyecto, se construyó la metodología de depuración normativa con el apoyo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de su función consultiva en materia de producción normativa, con el fin de que ésta fuese aplicada por los 24 sectores de la Administración Publica Nacional durante el proceso.

b) Socialización y aplicación de la metodología de depuración.

Se remitió el listado de las normas identificadas como depurables a las oficinas y otras dependencias jurídicas de las cabezas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional, para la aplicación de la metodología de depuración normativa.

Una vez socializada la metodología con cada una de las oficinas y dependencias jurídicas de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional, les fueron entregadas las matrices de análisis contentivas de las 12.706 normas identificadas como depurables, a efectos de proceder a la aplicación de la metodología, remitiendo el producto debidamente diligenciado a la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho.

c) Validación del Ministerio de Justicia y del Derecho de cada uno de los productos entregados por los sectores correspondientes tanto a las normas iniciales como a las adicionales.

Una vez remitidos los productos finales diligenciados por cada sector, de las 12.706 normas propuestas para ser depuradas, las oficinas y dependencias jurídicas de cada uno de los mencionados sectores procedieron a la identificación y validación, como depurables, de 11.911 disposiciones, mientras que las 872 restantes se evidenciaron como vigentes, derogadas expresamente o declaradas inexequibles, razón por la cual se excluyeron del proyecto de depuración.

Una vez validada la aplicación de la metodología de depuración normativa por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, esta cartera ministerial procedió al ajuste de aquellas inconsistencias advertidas o evidenciadas por dicha institución, en la labor efectuada por algunos de los sectores.

Producto de esta última actividad de revisión, se determinó un total de 11.845 nomas para ser depuradas, de las cuales 11.220 corresponden al ejercicio de la facultad de interpretación con autoridad por el legislador, mientras que 625 componen al grupo de normas a ser derogadas expresamente.

d) Elaboración de las propuestas de iniciativa legislativa contentivas del producto final de depuración normativa, debidamente validado y revisado para su eventual presentación ante el Congreso de la República.

Una vez agotadas las fases anteriores, correspondió al Ministerio de Justicia y del Derecho proceder no solo a la sistematización y análisis de los resultados, sino a la elaboración del informe final; así como del proyecto de ley que se pone a consideración del Congreso de la República, incluyendo la respectiva publicación y ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, efectuada el pasado 28 de noviembre de 2017.

Distribución de normas a depurar según el criterio adoptado:

·         Agotamiento de objeto o cesación de efectos 67%

·         Derogatoria orgánica 15%

·         No adopción como legislación permanente 6%

·         Obsolescencia 5%

·         Agotamiento del término definido en la norma 4%

·         Cambio de régimen constitucional 3%

Representación en cada sector administrativo:

·         Hacienda y Crédito Público 44%

·         Interior 11%

·         Transporte 8%

·         Justicia y del Derecho 8%

·         Defensa Nacional 5%