El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, en el departamento del Chocó, a partir del sábado 9 de noviembre.

Esta medida es atribuida por la guerrilla a la supuesta colaboración entre el Clan del Golfo y la Fuerza Pública, en un contexto de disputa territorial en esta región del país.

Según el comunicado emitido por el ELN, la presencia de un buque de guerra y cinco lanchas artilladas de la Armada en el río San Juan, en octubre pasado, representa una ofensiva de la Fuerza Pública que estaría favoreciendo el avance del Clan del Golfo en el Chocó. La guerrilla afirmó que esta incursión pone en riesgo a las comunidades de la zona, por lo que, según argumentan, decretaron el paro armado para “proteger a la población civil del fuego cruzado”.

Esta no es la primera vez que el ELN recurre a esta medida en la región; ya en febrero y agosto de este año habían implementado paros armados en los mismos tres ríos. Las comunidades locales, atrapadas en la violencia entre el ELN y el Clan del Golfo, han sufrido desplazamientos y confinamientos recurrentes, lo que ha motivado alertas de la Defensoría del Pueblo sobre las graves afectaciones a la población civil en zonas como Medio San Juan.

El anuncio de este paro armado se produce justo cuando las delegaciones de paz del Gobierno y el ELN sostuvieron un encuentro en Caracas para intentar destrabar el proceso de negociación, que permanece suspendido tras un ataque de la guerrilla a una base militar en Arauca en septiembre, donde tres soldados perdieron la vida.

Aunque no se reactivó oficialmente la mesa de diálogo, ambos lados publicaron un comunicado conjunto comprometiéndose a superar los factores de crisis y a trabajar en el proceso de paz en los próximos veinte meses de mandato.

Por otro lado, en una decisión reciente relacionada con las negociaciones de paz, la Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente las órdenes de captura contra 11 miembros del grupo armado Comuneros del Sur, presuntamente escindido del ELN. La suspensión, solicitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, busca facilitar la participación de estos representantes en la mesa de diálogo, bajo estrictas condiciones de no portar armas y no usar uniformes de la fuerza pública.