El contratista Emilio Tapia, condenado a 17 años por el denominado 'Carrusel de la Contratación' desistió de ser trasladado al Batallón Militar de Malambo, Atlántico, tras varios meses de disputa con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por lo que permanecerá recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla
El pasado 14 de julio, por presuntas irregularidades, la Procuraduría dejó sin efectos los oficios 3571 y 3572 del 10 de julio de 2023, en los que se solicitaba el traslado del empresario, luego de que Natalia Morales, esposa Tapia, solicitara el cambio de centro reclusión a través de una tutela.
Los oficios iban dirigidos al comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, brigadier general, Jaime Eduardo Torres Ramírez, y al comandante del Batallón de Ingenieros No. 2 general Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico, teniente coronel, Mauricio Calvo Restrepo.
Con el desistimiento de Emilio Tapia y su familia, también se revierte las consecuencias que traía el incidente de desacato para el coronel Óscar Javier Fernández Gómez, comandante del Batallón Vergara y Velasco, y contra su superior, el brigadier general Roger Gómez Herrera.
Ante esta situación, Tapia continuará cumpliendo su condena en la cárcel El Bosque de Barranquilla.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo, Tapia fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en distintos actos de corrupción identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.
De esta manera, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades ciudadanas.
Caso ‘Centros Poblados’
Dos de los eventos que se le atribuyen al procesado están relacionados con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal ‘Centros Poblados’, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales.
Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.
Estas entidades no tendrían ninguna participación en el contrato, pero su presencia era determinante para reunir los requisitos esenciales para garantizar la adjudicación de la millonaria licitación.