El colombo-español Carlos Mattos decidió ayer aceptar dos de los cuatro cargos que le había imputado la Fiscalía por daño informático y cohecho por dar u ofrecer dádivas, después de que el ente acusador desistiera de procesarlo por acceso abusivo a sistema informático agravado y utilización de redes, pues la extradición hace unos meses desde España del empresario fue por los dos primeros delitos.

Mattos reconoció, ante el juez 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que sobornó a dos jueces de la República con millonarios pagos a cambio de decisiones jurídicas que lo favorecieran, en una demanda que presentó contra la compañía Hyundai, después de que le quitó los derechos de la venta exclusiva de sus vehículos en Colombia. 

El abogado Omar Juan Carlos Suárez, defensor de Mattos, le notificó al juez que su cliente estaba interesado en reconocer su responsabilidad pública en los delitos de cohecho por dar y ofrecer y daño informático agravado.

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El empresario se había quedado sin margen de maniobra en su defensa después de que en marzo pasado se cayó el preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía, pues el juez 30 de conocimiento de Bogotá consideró que el mismo era contrario a la ley, por cuanto obtenía un doble beneficio con la rebaja de la pena y la eliminación de uno de los delitos.

El preacuerdo con la Fiscalía le implicaría a Mattos pagar 56 meses de prisión y una multa de 93 millones de pesos.

Mattos recientemente fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, después de que un informe periodístico revelara que estaba aprovechando los permisos que le dieron en la penitenciaría La Picota, en Bogotá, no para asistir a citas médicas sino para ir a sus oficinas y caminar por las calles con la aparente complacencia de los guardianes del Inpec. 

La aceptación de cargos le significa a Carlos Mattos una reducción de hasta la sexta parte de la pena que le dicte el juez.