El robo de camionetas de alta gama está en auge. De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 40 meses han pasado a manos de los “amigos de lo ajeno” 8.496 de estos vehículos, de los cuales solo 3.456 han sido recuperados.

En muchas oportunidades esas 4x4 son hurtadas por “encargo” y terminan al servicio de las disidencias de las Farc, del Clan del Golfo o de otros grupos criminales. Otras son sacadas del país y las restantes pasan a los desguazaderos para la venta clandestina de repuestos que, “en muchos casos, están manchados con sangre”.

En total, en los últimos tres años y seis meses, en Colombia han sido hurtados 35.502 automotores, según cifras de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía, sus seccionales y la Fiscalía.

Indican los servicios de inteligencia que en muchos casos los criminales emplean armas de fuego y en algunas ocasiones son asesinados sus propietarios o resultan heridos. En otros casos los sistemas empleados son el halado o que el propietario deja encendido el automotor mientras cierra la puerta de su garaje.

También, dicen los organismos secretos, los delincuentes a través de las redes sociales simulan contratos de alquiler o de compra y una vez están con el automotor intimidan al propietario y “desaparecen en un abrir y cerrar de ojos”.

Sin embargo, el hecho que causó conmoción no solo en Bogotá, sino en Colombia, fue el hurto de 16 camionetas blindadas de la empresa Security Rent –que esperaba entregarlas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para los distintos esquemas de seguridad– cuando estaban en un parqueadero de Suba, en el noroccidente de la capital del país.

Los vehículos fueron recuperados y capturados varios integrantes de la sofisticada red criminal, gracias a la investigación que dirigió el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón Moreno.

A raíz de la oleada de hurtos de camionetas de alta gama, el diario EL NUEVO SIGLO habló con el presidente Ejecutivo de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, quien estima que la legislación actual no ayuda mucho para enfrentar este flagelo y además los criminales burlan a las autoridades debido a que está abierta la comercialización de partes o piezas usadas.

“El fenómeno del hurto de vehículos es un flagelo que en Colombia no hemos podido erradicar; si acaso, controlar y tener unos números estables en los últimos años. El hurto de vehículos de alta gama, especialmente camionetas, era un evento que se dio en un momento dado en el país, especialmente cuando teníamos una situación con los grupos al margen de la ley, con las guerrillas, con los paramilitares; obviamente eran vehículos utilizados en las zonas rurales. Se controló bastante ese fenómeno, pero desde el año pasado a la fecha, esta manifestación ha resurgido”, dijo Pineda.

¿Por qué las camionetas?

Señaló que “frente a los cuestionamientos que hemos hecho por el hurto de las camionetas de alta gama 4x4, las autoridades dicen que este flagelo, al parecer, obedece obviamente a esa dinámica de reactivación de grupos al margen de la ley en zonas rurales y por supuesto utilizan este tipo de vehículos en gran medida para sus desplazamientos”.

Manifestó, en relación con la violencia que se emplea, que “esa es la denuncia permanente que desde Asopartes realizamos. El hurto de un vehículo, de una motocicleta e incluso de una bicicleta, generalmente es un delito que está asociado con un arma cortopunzante o de fuego y en algunas oportunidades puede costar la vida de un colombiano. Por eso, insistimos en las campañas a la ciudadanía y en el trabajo con las mismas autoridades, para buscar controlar el delito y ojalá erradicarlo. Porque cada hurto de un vehículo, de una motocicleta o de una bicicleta puede tener sangre”.

Explicó que “la realidad es que muchos de esos vehículos terminan en manos de grupos armados al margen de la ley en las zonas rurales y otro grueso número, digámoslo así, las bandas criminales lo que hacen es robarlas en una ciudad y utilizar el fenómeno conocido como el ‘gemeleo’, los matriculan en otras ciudades con otras placas, con otros documentos, obviamente buscando evadir el control de las autoridades. Otro tanto de esos vehículos terminan en desguazaderos y pasan a la venta de piezas y partes y como repuestos que son escasos y de altísimo valor nuevos y, por supuesto, en el mercado de usados y de la economía subterránea terminan siendo mucho más económicos y el ciudadano colombiano no tiene la conciencia de rechazar ese repuesto usado para implementarlo en su vehículo y así alimenta ese círculo negativo y perverso del hurto de vehículos”.

Por lo mismo, dice que para enfrentar ese delito “se requiere mano dura de las autoridades, desde el tema policial hasta el administrativo. Y en cuanto a la justicia, se deben buscar normas que permitan un mayor control. Lo decimos desde el escenario en que, si en Colombia tenemos la posibilidad de comercializar repuestos usados, en consecuencia para estos se debería requerir una prueba fehaciente de su fuente, de su origen, dónde fueron adquiridos por parte del comercializador, pero eso no pasa. Es decir, tenemos una legislación débil en ese sentido, el poder demostrar desde el comercializador final cuál es la procedencia genuina y legal de esos productos cuando se van a comercializar en establecimientos debidamente autorizados”.

Precios

Dijo el presidente de Asopartes que “la legislación colombiana permite la comercialización de partes y piezas usadas y probar por parte de la autoridad que ese artículo que se está comercializando no es legal, no fue hurtado, requiere unas tareas de investigación muy amplias que hacen bastante difícil poder llegar a procesos de extinción de dominio o procesos finales de castigo frente a los informales e ilegales”.

En cuanto a los precios en que son comercializadas estas camionetas de alta gama, señala que “depende de la marca, del modelo y de otras situaciones, pero en términos generales estos vehículos pueden ser comercializados entre un 30, un 40 o máximo un 50 por ciento de su valor real. Entonces es un incentivo muy grande y muy fuerte para estas bandas criminales hacer esta actividad. Por supuesto que los delincuentes corren el riesgo del trabajo de las autoridades para tener un control efectivo de este delito”.

Frente a la posibilidad de que este tipo de vehículos estén siendo vendidos en Venezuela y en Ecuador, Pineda aseguró que “todas las especulaciones y todos los comentarios tienen cabida. De hecho las autoridades investigan y tratan de hacerles seguimiento a los procesos y en ocasiones es real que las bandas criminales en algunas ciudades intermedias casi que hacen esos hurtos por encargo de algunos vehículos que en esas ciudades específicamente tienen escasez de partes, piezas y de procesos de reparación frente al mercado y por supuesto esa economía subterránea, esa economía ilegal, tiene cabida frente al ciudadano que no tiene conciencia de la compra de repuestos usados asociados a estos delitos”.