La plenaria del Concejo de Bogotá dejó en vilo el proyecto de acuerdo que busca subir las tarifas de parqueaderos para sanear el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La coalición que apoya al alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, se rompió y ahora la iniciativa quedó en la cuerda floja.

A pesar de que el proyecto pasó en primer debate, ocho votos a favor frente a siete en contra, para esta ocasión todo hace indicar que se ‘colgará’, pues tiene seis votos negativos del Centro Democrático, tres del Partido Conservador, cinco del Polo Democrático, dos del Mira, uno de Opción Ciudadana, uno de ASI, uno Progresista, uno Libres, uno Liberal y uno verde para un total de 23 votos negativos que dejarían en la próxima votación hundido el proyecto.

En este sentido, la bancada del Centro Democrático envió una carta a la ciudadanía presentando los motivos por los cuales los seis concejales de este partido, votarán negativamente el proyecto de Acuerdo 664 de 2017, mediante el cual se cobra una contribución adicional por utilizar parqueaderos públicos en vía.

Los concejales argumentaron que la reforma tributaria de 2016 afectó la capacidad adquisitiva de la clase media y los ingresos de los más vulnerables, y que además el Distrito ya había aumentado las tarifas de los parqueaderos.

Así mismo dijeron que hubo un alza en el impuesto predial cercano al 8% y el desempleo superó la barrera de los dos dígitos.

“Vemos con preocupación que este proyecto no sólo afectaría el bolsillo de los bogotanos sino que tendría serias deficiencias que podrían dificultar su aplicación”, manifestaron.

Recalcaron además que el Distrito no tiene claro el número de garajes o estacionamientos de uso público que hay en la ciudad y que de 2.243 establecimientos con oferta de estacionamientos fuera de vía, según algunos estudios, contrasta con solo 238 que contribuyeron con el ICA en 2017.

La carta aclara que “si bien es cierto que más recursos para el Sistema Integrado de Transporte Público aliviarían el déficit actual, no son una solución estructural para el mismo, ya que parte del déficit se genera debido a que más de un millón de usuarios utilizan diariamente el SITP provisional, cuyo pasaje no entra a las arcas del distrito. De integrar los más de 4.000 buses de esta modalidad al SITP zonal, la ciudad podría recibir entre 400 mil y 900 mil millones de pesos adicionales por año”.

Para el Concejal del Centro Democrático Pedro Javier Santiesteban Millán el proyecto no trae nuevos elementos ni nuevos argumentos a los que se esgrimieron en el proyecto que presentó la administración en el año anterior, y que fue negado por el Concejo de Bogotá, después de una amplia discusión.

A su turno, la concejal Xinia Navarro dijo que es inconveniente tanto técnica como jurídicamente. “La ineficiencia del SITP sólo se subsanará cuando se renegocien los contratos con los operadores y se cambie la estructura económica y financiera del sistema. No es atacando el bolsillo de los bogotanos”, agregó la también vicepresidenta del Concejo.

Asimismo, el Concejal Roger Carrillo Campo, del Partido Conservador, advirtió que la administración podría incurrir en un posible peculado por aplicación oficial diferente. “No puedo dejar de expresar mi reserva frente a lo que pretende la administración, una destinación oficial que no es legal, toda vez que la misma ley determina que la destinación de esta contribución es la de incentivar el uso del servicio de transporte público y no para cubrir el déficit del sistema, pues para dicho fin, está la otra fuente ya enunciada, que es la de los fondos de estabilización y subsidio a la demanda”.

El concejal conservador llamó la atención sobre la posibilidad de que el Concejo incurra en un prevaricato y haga incurrir al Alcalde Mayor en un peculado por Aplicación Oficial Diferente: “Eso no quiere decir que debemos buscar otros mecanismos, adelantar acciones y gestiones no solo a nivel local sino nacional en pos de lograr un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para este complejo tema de la capital, que den lugar a hacerle frente al grave déficit por el que atraviesa el Sistema de Transporte Público de la ciudad”.

Carrillo Campo agregó que ante la inviabilidad de orden legal, por las dudas jurídicas razonables que le asisten, las que asume como fundamentos insuperables, no acompañará esta iniciativa.