Tras conocerse un informe denominado “Retos Humanitarios 2022”, realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), donde se afirma que en el año 2021 se dio el “recrudecimiento de la violencia en Colombia”, el Gobierno nacional, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, manifestó su desacuerdo con las cifras y afirmaciones dadas por la entidad internacional.

Justamente, el consejero Jefferson Mena Sánchez indicó que el documento no revela los causantes de la vulneración del derecho internacional humanitario en el país, y no hace referencia a las acciones realizadas por el Estado colombiano para prevenir estos fenómenos.

“Como Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, debemos advertir que cada uno de los puntos abordados por el CICR hacen parte de los objetivos que se encuentran plasmados en el marco de la estrategia de DD.HH. y DIH, la cual el Gobierno ha venido implementando desde el día uno del mandato”, explicó el funcionario.

Además, señaló que “hay que decirlo sin ambigüedades y con valentía: son los grupos narcoterroristas del Eln, las disidencias de las Farc y el ‘Clan de Golfo’ quienes afectan a nuestra población, bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas”.

Frente a la afirmación de que el país afronta seis conflictos a la vez, Mena dijo: "No compartimos la clasificación de seis conflictos armados, aclarando que esta no es vinculante para el Estado, como quiera que en Colombia hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales".

Una de las expresiones usadas en el informe, y que no fue aceptada por el Gobierno, fue Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). "Este grupo no existe dentro del contexto con la lucha contra el crimen que enfrenta la Fuerza Pública, utilizar estos términos es retrotraer la discusión a escenarios pasados y totalmente reprochables que no son los actuales", contestó.

En cuanto a los desplazamientos, declaró que en Colombia se presenta este fenómeno debido que los “grupos armados al margen de la ley generan terror por su actuar criminal contra las comunidades”, y añadió que “las cifras están lejos de ser las que se reportaban en la década anterior” comparadas a las reportadas por el Registro Único de Víctimas, que da cuenta de 139 víctimas por desaparición en 141 eventos.

Finalmente, el Gobierno se refirió al número de víctimas a causa de los artefactos explosivos. Recordó que Colombia, al ser parte de la Convención de Ottawa, también maneja las cifras oficiales al respecto. Indicó que, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a la fecha van 152 víctimas por las minas antipersona y municiones instaladas en campos abiertos, de las cuales 93 fueron civiles y 59 fueron miembros de la Fuerza Pública.

“Los casos documentados no son meras estadísticas; por lo contrario, cada uno de estos genera dolor y desagarra el alma en el pueblo colombiano. No nos conformamos con la disminución, nuestro objetivo siempre ha sido la no ocurrencia de estos hechos victimizantes”, concluyó.

Balance del CICR

Inicialmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja reconoció que Colombia, al igual que el resto del mundo, fue afectada por la pandemia del covid-19. Sin embargo, afirmó que el país “ha tenido que enfrentar los efectos del virus en medio de los conflictos armados y la violencia”, por lo que presentó el informe, con el fin de establecer los retos que tendrá la organización para garantizar los derechos humanos en los territorios vulnerados.

El jefe de la delegación del Comité, Lorenzo Caraffi, indicó que el año anterior 168 ciudadanos fueron víctimas de desaparición forzada y 772 desde la firma del Acuerdo de Paz, entre los que se encuentran menores de edad, lo que representa que “una persona desaparece cada dos días en Colombia”.

En cuanto a la población en situación de desplazamiento, son 52.880 personas víctimas de este hecho y 45.108 fueron confinadas, con un aumento significativo del 120% respecto a 2020 en desplazamiento y un 60% en confinamiento, principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

“Los indicadores de las consecuencias humanitarias evidencian la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de distintos territorios; estas cifras resultan dolorosas y aun así no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y la desesperanza que experimentaron miles de personas a causa de los conflictos armados en Colombia”, afirmó.

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“Este año ya se registra el 25% del total de víctimas mencionadas el año pasado”, aseguró Caraffi, agregando que Colombia cuenta actualmente con seis enfrentamientos no internacionales que están agudizando la situación de violencia en el país:

Estado colombiano vs. Ejército de Liberación Nacional (Eln); Estado colombiano vs. Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); Estado colombiano vs. Antiguas Farc no acogidas al Acuerdo de Paz; Ejército de Liberación Nacional (Eln) vs. Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Antiguas Farc vs. Segunda Marquetalia y Antiguas Farc vs. Comandos de la Frontera-EB.

El funcionario recordó que durante el año anterior, varios grupos del CICR recorrieron varias zonas rurales de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, así como otras en el suroriente nacional.

“La pobreza y la deficiente presencia estatal en los territorios fueron factores que aumentaron la crisis humanitaria de comunidades que vieron cómo los armados irrumpieron contra sus hogares, escuelas, centros de salud y lugares de culto, sin respeto alguno por el principio de precaución, uno de los ejes del DIH”, se lee en el informe.

El CICR afirmó que la consecuencia de esto provocó un saldo de 884 violaciones; de ellas, el 59% correspondió a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vinculación de niñas, niños y adolescentes con actores armados y violencia sexual, entre otros hechos graves.

La organización internacional agregó que aún permanecen dos cuestiones invisibilizadas: “Las dinámicas de reclutamiento forzado de menores de edad que se explican por falta de oportunidades, cierres de centros educativos a raíz de la pandemia, incitación por medio del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas; y los delitos de violencia sexual, no solo con el fin de intimidar y castigar a las personas o comunidades, sino también para exhibir poder y demostrar control territorial”, mencionó.

Recomendaciones del CICR

Ante estos enfrentamientos y las contiendas electorales que se están llevando a cabo, Caraffi aseguró: “Pedimos a los candidatos tener presentes en sus agendas a las víctimas para solucionar los conflictos que permitan a la población afectada vivir con dignidad”.

Asimismo, el CICR recomendó al Estado colombiano hacer presencia en zonas distanciadas, escuchar a los actores, así como brindar asistencia y establecer diálogos principalmente con el Eln.

“Los desafíos para la búsqueda de las personas desaparecidas son múltiples y complejos. Por lo tanto, es fundamental que haya voluntad política para priorizar la atención de la problemática y dar respuesta a las necesidades de los familiares”.

Finalmente, también hizo un llamado a los grupos armados para que reflexionen sobre las implicaciones que sus acciones pueden tener en la sociedad civil, sobre todo en la movilidad y el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. De igual manera, invitó a la Fuerza Pública a cumplir con las normativas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).