Fiscalías ambientales de las ciudades más contaminantes del mundo no han podido aplicar una política mínimamente exitosa. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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Una de las grandes conclusiones de la cumbre del clima Chile-Madrid 2019, en donde se dieron cita importantes fiscales de medio ambiente de Iberoamérica, en el marco de los acuerdos de París COP 21 de 2015, fue la necesidad de regular la contaminación urbana para responder de una forma más acertada a los embates del cambio climático en el mundo.

En este sentido, los incendios forestales, la deforestación de selvas tropicales, la falta de protección de las reservas, humedales, lagos y resguardos indígenas son los primeros agentes de contaminación al medio ambiente. En segundo lugar, aparece la contaminación causada por los grandes buques de pasajeros turísticos que proliferan en todos los mares, con gran tendencia al alza en el Caribe. Por último, la contaminación urbana, producto principalmente del transporte, tanto terrestre como aéreo, serían los agentes que más contribuyen al cambio climático.

La gran conclusión del encuentro es que las Fiscalías ambientales de las ciudades más contaminantes del mundo no han podido aplicar una política mínimamente exitosa con relación a estos problemas locales que afectan de manera colateral la salud del planeta entero.

Las anteriores conclusiones son muy preocupantes, dado que uno de los sectores económicos transversales a estos grandes agentes contaminantes lo representa hoy el turismo a gran escala y Colombia es uno de los grandes productores, de allí su responsabilidad directa con el cambio climático.

Dimensión

En efecto, en 2019 medios internacionales influyentes de comunicación, tales como Forbes, World Travel Awards, Lonely Planet, The New York Times y The Guardian, identificaron a nuestro país como uno de los destinos turísticos del momento y, recomiendan a los viajeros de todo el mundo su descubrimiento. De allí la importancia de poner los reflectores sobre un mercado que nos toma por sorpresa y empieza a evidenciar graves problemas de control ético y legal. Es por ello que, a falta de autoridad fiscal de turismo en Colombia, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció recientemente los problemas de control ambiental en Playa Blanca, fruto de la ilegalidad rampante de un turismo informal que atenta contra el patrimonio común y los derechos étnicos de la región. En consecuencia, su Delegado para Asuntos Étnicos y Ambientales fue comisionado para intervenir en este “mortal desorden” en que se ha convertido el turismo en las playas y parques naturales de nuestro país.

En este complejo problema, en donde aparece de plano la responsabilidad del alcalde como primera autoridad ambiental del territorio, se exige un mayor control disciplinario, dado que Colombia se aproxima a los 5 millones de visitantes extranjeros, lo que convierte al sector turístico en uno de los motores económicos más importantes, que ya supera lo recibido en el país en exportaciones de carbón. Recientemente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que la cifra de turistas en el país durante 2018 bordeó los 4,3 millones de visitantes, equivalente a un crecimiento del 10,4% frente a 2017. Este sector representaría el 2,1% del PIB.

Todo lo anterior contribuiría a que el país se consolide como un comercio de calidad y de talla mundial y el principal destino turístico de Latinoamérica, con un crecimiento en otros sectores relacionados con la actividad, tales como alimentos, transporte, salud y entretenimiento, bordeando entre todos el no despreciable 7% del PIB. Aun así, Colombia es uno de los países más rezagados en la región, dado que en México el turismo representa 7,1% del PIB; en Argentina 3,7%, en Chile, 3,4%, y en Brasil el 2,9%, pero al mismo tiempo, nuestro país es el más prometedor en lo que a turismo respecta, dado que ninguno de sus adversarios ofrece las condiciones de estabilidad económica y diversidad en la oferta de servicios alternos como la salud y el entretenimiento.

 Los retos

A pesar de este rentable negocio que se abre para el país en la próxima década, vienen retos importantes en materia de seguridad, control, infraestructura y tecnología.

Para nadie es un secreto el atraso de nuestro país en cuanto a aeropuertos, autopistas y redes ferroviaria y marítima; además, las plataformas digitales han generado cambios en los modelos de negocio. El turismo no es la excepción. Si bien es cierto que Colombia cuenta con una de las legislaciones turísticas más modernas en América Latina (Ley Marco para el Turismo Nº 1558 de 2012), también es cierto que hace falta una inversión considerable en materia de conectividad, transporte y oferta gastronómica. Además, esta legislación concibe, al mismo tiempo, la descentralización territorial del turismo, con amplia participación de las colectividades territoriales en la planeación, bajo los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad, que dispone el Artículo 288 de la Constitución de 1991. Sin embargo, dichas competencias adolecen gravemente de control y coordinación con las agencias ambientales y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Lo anterior no debería pasar, dado que el Artículo 339 de la Constitución colombiana, establece que el Ministerio de Desarrollo Económico debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, y es el encargado de preparar el Plan Sectorial de Turismo, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades territoriales; el cual, formará parte del Plan Nacional de Desarrollo, previa aprobación del Conpes. En esta política participan los concejos distritales o municipales, en ejercicio de las facultades consignadas en el Artículo 313 numeral 7º de la Constitución Política, los cuales deben determinar las zonas de desarrollo turístico prioritario y las zonas francas turísticas. Este mismo artículo autorizó a los Concejos municipales de aquellas poblaciones con menos de cien mil habitantes y que posean gran valor histórico, artístico, y cultural, a que establezcan un peaje turístico.

El gran reto para Colombia es, entonces, enfrentar la llamada industria turística tecnológica, que se abre campo a pasos agigantados en el mundo entero, para lo cual Colombia deberá invertir considerablemente en la ampliación de Redes y los Sistemas de conexión digital modernos. De allí la imperiosa necesidad de ejercer un mayor control sobre las autoridades de turismo como lo ha solicitado recientemente el Procurador General de la Nación.

* Procurador Judicial (II) administrativo 

Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia