Entre las 26 personas naturales y jurídicas que la Contraloría General de la República responsabilizó fiscalmente por $4,3 billones por las demoras y sobrecostos que se presentaron en la construcción de la hidroeléctrica, están los exgobernadores de Antioquia, que como tal hicieron parte de la junta directiva de Hidroituango, Sergio Fajardo, actual precandidato presidencial; y Luis Alfredo Ramos.
También fue afectado por la medida el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, quien por esa condición también hizo parte de la junta directiva de Hidroituango.
Así mismo, se ordenó la afectación de pólizas por un valor cercano a los $400 mil millones de pesos, y se desvinculó a la aseguradora Mapfre, toda vez que la reclamación de dicho seguro ya estaba siendo adelantada por EPM.
La Contraloría General de la República advirtió que las personas en contra de las cuales se profirió fallo con responsabilidad fiscal cuentan con la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación.
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El descalabro por las demoras hasta ahora de más tres años y las mayores inversiones por más de un 114% para la puesta en marcha de Hidroituango, el proyecto más importante de generación eléctrica que hay en el país, produjo ayer el primer fallo por parte de la Contraloría General de la República, que responsabilizó fiscalmente por estos hechos a 26 personas naturales y jurídicas, entre funcionarios y contratistas, por $4,3 billones.
Al mismo tiempo declaró no responsables fiscales a dos de los inicialmente imputados, el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; y Jorge Mario Pérez Gallón. Esta decisión se tomó por no encontrarse acreditados todos los elementos de la responsabilidad fiscal, explicó la Contraloría General.
En el caso del gobernador Gaviria está en prisión domiciliaria investigado por las irregularidades que se habrían presentado en un contrato para la construcción de una vía en 2005, en su primera gobernación.
El fallo de responsabilidad fiscal proferido por el órgano de control contra las 26 personas naturales y jurídicas, a título de culpa grave, es como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114.94% el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.
La decisión recae en contra de 26 personas naturales y jurídicas, ellos son los exintegrantes de la junta directiva de Hidroituango Federico José Restrepo Posada; Juan Esteban Calle, quien además se desempeñó como gerente de EPM (Empresas Públicas de Medellín); Alejandro Antonio Granda Zapata; Álvaro Julián Villegas Moreno; Sergio Betancur Palacio; Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; Ana Cristina Moreno Palacio; Iván Mauricio Pérez Salazar; Jesús Arturo Aristizábal Guevara; María Eugenia Ramos Villa; y Rafael Andrés Nanclares Ospina.
La medida del órgano de control también cobija a los exgerentes de Hidroituango Luis Guillemo Gómez Atehortúa; John Alberto Maya Salazar; Luis Javier Vélez Duque, quien además fue gerente de EPM-Ituango y vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM.
También fueron declarados responsables fiscalmente por el descalabro de Hidroituango las siguientes personas naturales: Integral S.A. NIT, diseñadores asesores; Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., que absorbió a la empresa Solingral S.A.; Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.; constructores de obras principales; Constructora Concreto S.A; Coninsa Ramón H S.A.; Ferrovial Agroman Chile S.A., constructores de los túneles de desviación; Sainc Ingenieros Constructores S.A.; Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A Ingetec, interventores; y Sedic S.A.
En abril pasado, la Contraloría General de la República solicitó el embargo a las cuentas bancarias de los contratistas del proyecto Hidroituango, puntualmente de Integral.
De acuerdo con el comunicado de la Contraloría, el ente de control ya envió un oficio a las entidades bancarias para que se realice el embargo de la cuenta bancaria de Integral por el presunto detrimento patrimonial de $4 billones en el caso de Hidroituango.
La investigación
La Contraloría General de la República investigó a estas personas naturales y jurídicas por una serie de hechos "sucesivos y concatenados que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018".
Para el órgano de control, "estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y, como consecuencia de la no entrada en operación, no se generara ni se comercializara energía, ocasionando un lucro cesante que también se tiene como daño dentro de la presente causa fiscal".
La crisis de Hidroituango empezó después de un desprendimiento parcial de material que llevó al taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría el embalse de la hidroeléctrica con aguas del río Cauca, por lo cual se produjo la inundación del cuarto de máquinas, la alteración del caudal del río Cauca y la evacuación de 25.000 personas que vivían en el área de influencia.
El exgobernador Sergio Fajardo al enterarse del fallo de la Contraloría que lo declara entre los responsables fiscalmente por el descalabro de Hidroituango, dijo que lo recibe como un "baldado de agua fría", pero se manifestó confiado en que con los recursos que presentará podrá aclarar su situación porque "tengo la tranquilidad de que obramos bien. Mi equipo obró bien, con transparencia absoluta".
Agregó Fajardo "a los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en pelea, vale la pena ser prudentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones".
Por su parte el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, dijo que “órganos de control terminan sancionando a personas que no tienen incidencia alguna en la contratación ni ejecución de proyectos, solo que estuvieron en su liderazgo público en etapas iniciales. Una tremenda ignorancia”.
Agregó Ramos que “eso sí, para los que se están robando los recursos públicos, todo tipo de dilaciones, prescripciones, absoluciones sin motivos. Órganos de control como arma política, otra afrenta a la democracia”.