El fallo sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se demoraría en salir por lo menos un mes más en la Corte Constitucional.

A pesar de que la esperada norma fue remitida por el Congreso de la República a principios de diciembre pasado, EL NUEVO SIGLO conoció que la falta en la documentación entregada de unas actas de sesiones en el trámite de la iniciativa ha sido el motivo de la demora en esta decisión.

No obstante dichas actas finalmente fueron entregadas por el Parlamento al alto Tribunal y ya reposan en manos del magistrado Antonio José Lizarazo, quien fue designado como ponente.

Lizarazo debe realizar el estudio sobre si el trámite de la iniciativa que hace parte de la implementación normativa del acuerdo de paz por la vía rápida o fast track se ciñó a las disposiciones constitucionales y las contenidas en la Ley Quinta o Ley del Congreso.

Además este análisis debe determinar si las disposiciones contenidas en la reglamentación de la JEP no riñen con la Constitución en temas polémicos como la participación en política de los desmovilizados de las Farc a pesar de que sobre la mayoría de ellos pesan condenas por los crímenes que cometieron en el conflicto armado.

Como se indicó, la JEP fue creada por el acuerdo de La Habana con el fin de que sea la instancia que imparta justicia por los delitos graves en que incurrieron  los desmovilizados de las Farc, los agentes del Estado e, incluso, los civiles.

Aunque en el caso de los agentes del Estado y civiles comprometidos quedó opcional presentarse ante esta jurisdicción.

Esta norma aprobó la participación en política de las Farc, el juzgamiento de los responsables de delitos sexuales contra menores de edad en la justicia ordinaria, el régimen de impedimentos de los magistrados de la Jurisdicción y la eliminación de la norma sobre el respeto al fuero de los altos oficiales de la Fuerza Pública.

Sobre la participación en política de las Farc, la Ley establece que las condenas quedarán “suspendidas” para que los aspirantes de las Farc puedan inscribirse a cargos de elección popular.

A pesar de que la JEP abrió sus puertas en marzo pasado, inicialmente con la revisión de los casos de 7.932 postulados, está funcionando con el reglamento que aprobaron sus magistrados, por ello requiere urgentemente que la Corte Constitucional defina la suerte de la ley reglamentaria. Mientras que en otro frente también se necesita la ley que define los procedimientos de esta jurisdicción, para lo cual el Congreso estudia un proyecto de ley que presentó el Gobierno con mensaje de urgencia.

Precisamente el hecho que la JEP funcione sin estas normas es la causa de la polémica que se presentó porque ordenó suspender el proceso de extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich con base en su reglamento interno, pero a juicio del fiscal Néstor Martínez no tiene la competencia para tomar esta decisión y está violando el orden constitucional.

En primer semestre

La meta que se ha fijado la Corte Constitucional es evacuar en este primer semestre (a más tardar a finales de junio) todos los proyectos de ley para la implementación normativa de los acuerdos  de paz tramitados por el Congreso, así como los decretos firmados por el presidente Juan Manuel Santos con este mismo fin, en uso de las facultades extraordinarios que le fueron otorgadas.

Además de la ley reglamentaria de la JEP, la Corte Constitucional está pendiente de fallar sobre más de 15 normas para la implementación de la paz que han llegado a sus manos. Por ello ha llamado la atención que ninguna de éstas  ha figurado en el orden del día en las salas plenas de las tres últimas semanas.

No obstante se conoció que en los próximos días se abordarán varios de estos temas porque, como se dijo, la idea es evacuar en este primer semestre todo lo que tiene que ver con las normas del acuerdo de paz.