Las mesas de diálogo encabezadas por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, más funcionarios de la Gobernación de Antioquía y la Defensoría del Pueblo, llegaron a un acuerdo total para poner fin al paro de mineros. Fueron 10 puntos los que lograron determinar las partes y con los que finalmente el gremio mostró conformidad para poner fin a los bloqueos que obstruían las conexiones tanto con Bogotá como con la costa Atlántico, reportados especialmente en Santo Domingo, Caucasia y Valdivia, en Antioquia, además de Marmato, en Caldas.

El ministro Camacho hizo el anuncio en su cuenta de X, afirmando que “hemos logrado acuerdo en el Bajo Cauca antioqueño, con lo cual se da por terminado el paro minero y avanzamos en mecanismos de garantía para la formalización, la recuperación ecológica del territorio, el fomento de prácticas sostenibles y descarbonizadas”.

Dentro de los puntos acordados, el Ministerio de Minas cedió para la derogación del artículo 5 de la Ley 1930 de 2018, que permitía a las autoridades la destrucción de maquinaria amarilla, la cual se señalaba como elemento de minería ilegal. Asimismo, se acordó la implementación de la Ley 1450 para la formalización de pequeños y medianos mineros. Finalmente, otro de los puntos permite la creación de mesas de trabajo para definir zonas de reservas naturales, punto en relación con el Decreto 044 de 2022.

Previo a estos anuncios, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, había advertido en medios de comunicación que “la propuesta del Gobierno Nacional es la formalización de la minería de pequeña escala y la minería de las comunidades tradicionales mineras. Esa ha sido la propuesta, inclusive en Santurbán. Pero tiene que ser con buenas prácticas, a la escala correcta y respetando la tradición de los mineros”

Asimismo, la jefa de esta cartera aseveró que la transición que busca el Gobierno debe ser realizada “de una forma tal que sea planificada y ordenando el territorio alrededor del agua como principio”.

De acuerdo con información preliminar, las partes trabajan en la redacción de la hoja de ruta que establecerá los lineamientos en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Córdoba.

¿Y el paro de campesinos?

A pesar del anuncio del gremio minero, al cierre de esta edición las mesas de diálogo entre el Gobierno y los representantes del campesinado no habían llegado a un acuerdo total. Aunque en un comunicado del Ministerio de Ambiente se aseveró que “hemos logrado construir una dinámica de trabajo que ha sido importante”, aún hay puntos por resolver, especialmente en el marco de la resolución 0152 de 2018 sobre la delimitación de los páramos.

La viceministra Tatiana Roa ha liderado estas negociaciones con el grupo de campesinos, mientras se mantienen las obstrucciones en el corredor Bogotá-Tunja a la altura de Paipa; los corredores de Curos-Málaga, Cúcuta-Pamplona y Cisneros-Barbosa en Santander.

Dentro de la principal petición del campesinado está el modificar la ley para hacer las delimitaciones de estos ecosistemas por encima de los 3.500 metros, sin afectar a las comunidades agrícolas y ganaderas de la región.

Según varios voceros, son por lo menos 10.000 familias las que se pueden ver afectadas por la implementación de la normativa vigente, golpeando los cultivos de papa, cebolla, ajos, durazno y la producción de carne que nutren entre el 25 % y el 35 % de las necesidades de Santander y Norte de Santander con estos alimentos.