Por estos hechos 199 personas han sido vinculadas a las investigaciones, de las cuales 110 fueron imputadas y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
 

Resultados judiciales (capturas, imputaciones, acusaciones y condenas) del 44,16%, sobre 102 casos, reportó este martes la Fiscalía General de la Nación respecto del esclarecimiento de agresiones contra desmovilizados de las Farc desde la firma del acuerdo de paz.

Agregó el organismo que por estos hechos 199 personas han sido vinculadas a las investigaciones, de las cuales 110 fueron imputadas y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Asimismo, se han logrado 26 condenas y 31 personas han sido vinculadas a 19 casos que se encuentran en etapa de juicio.

Sin embargo un reporte sobre el particular que entregó el ente acusador en abril del año pasado indicaba que “de 126 hechos de violencia contra excombatientes de las Farc denunciados, la Fiscalía General de la Nación ha logrado capturas, imputado o establecido responsabilidades en 61 casos. Es decir, un esclarecimiento de 48,41%”.

Al comparar las cifras de abril de 2019 con las reveladas este martes, la conclusión sería que el número de agresiones a desmovilizados se produciría de forma casi similar a los esclarecimientos.

Solo así se explicaría que mientras el reporte en abril del 2019 indica que el esclarecimiento de hechos violentos contra los desmovilizados de Farc era del 48,41%, la cifra entregada ayer señala que es del 44,16%.

De otra parte, el organismo informó ayer “sobre los avances en las investigaciones por agresiones contra reincorporados de las Farc y sus familiares”, que evidenció un esclarecimiento de 46,55%, es decir, hay resultados judiciales sobre 128 afectaciones de las 275 conocidas desde la firma del acuerdo de paz.

Agregó la Fiscalía los resultados que se han logrado en el esclarecimiento de hechos violentos contra desmovilizados de Farc “ha sido posible gracias a la articulación de esfuerzos de la Unidad Especial de Investigación, los fiscales seccionales, los grupos de policía judicial y el Cuerpo Élite; y el enfoque territorial definido por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de instalar todas las capacidades institucionales en las regiones donde ocurren los hechos”.

Agregó la entidad que el material probatorio recopilado en los 128 hechos esclarecidos evidenció que las estructuras criminales son los mayores agresores de los reincorporados, y están vinculados directamente a 79,41% de las afectaciones (81 casos).

Por actos de violencia contra reincorporados han sido capturados 53 integrantes de las organizaciones criminales, 10 de ellos judicializados en condición de determinadores y 43 por ser los autores materiales.

La violencia contra los desmovilizados de Farc que adelantan el proceso de reincorporación a la sociedad que brinda el Gobierno, es hasta el momento el principal problema que tiene el desarrollo del acuerdo de paz. Según cifras entregadas por el partido Farc han sido asesinados 196 excombatientes en diferentes regiones del país.

El más reciente de estos hechos ocurrió el pasado 7 de mayo en el municipio de Bello, Antioquia, donde perdió la vida producto de un ataque Wilder Daniel Marín Alarcón.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condena esta nueva muerte y dijo que “con Wilder ya son 24 los casos de asesinatos, en 2020, de quienes están comprometidos con su proceso de reincorporación”.

Reiteró el organismo su “preocupación, también expresada por el Secretario General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por los asesinatos contra exmiembros de Farc – EP que de buena fe dejaron las armas, de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como las acciones violentas contra las comunidades en regiones afectadas por el conflicto”.

Por su parte el senador del partido Farc, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), anunció que "ante esa macabra cifra de 196 ex guerrilleros asesinados, la decisión que hemos tomado es la de solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Sin embargo, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, ha señalado sobre los crímenes contra los desmovilizados que “son los enemigos de ellos, pero también del Gobierno. No puede haber ninguna duda: el Gobierno está jugando con la seguridad de los excombatientes”.

El consejero Archila anunció en enero pasado nuevas medidas para la protección de los desmovilizados. Dijo que se están aplicando medidas de protección para más de 8.900 excombatientes que están por fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en 522 municipios, en lo que se conoce como población dispersa de excombatientes.