Los gremios del sector salud solicitaron a la Contraloría General de la República una revisión del informe publicado recientemente sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y su destinación en 2020. Este informe, parte de una fiscalización especial contra 24 EPS, ha generado controversia entre las organizaciones que agrupan a las EPS y otras entidades del sector.

En un comunicado conjunto firmado por Acemi, Andi y Asocajas los gremios expresaron su desacuerdo con las conclusiones de la Contraloría General de la República sobre la aplicación del principio de anualidad presupuestal a la UPC, un recurso esencial para el pago de servicios y tecnologías en salud.

El informe de la Contraloría se enfoca en la gestión de la UPC durante el año 2020, periodo crítico debido al inicio de la pandemia de COVID-19. Las organizaciones firmantes argumentan que la tesis del equipo auditor, que propone aplicar el principio de anualidad presupuestal a los recursos de la UPC, carece de sustento jurídico.

Aseguran que no existe norma vigente que respalde esta posición, y citan la Sentencia SU 480 de 1997 de la Corte Constitucional, que señala que los recursos parafiscales de salud deben ser manejados al margen de las normas presupuestales fiscales, salvo que se disponga específicamente lo contrario.

Además, destacan que la UPC puede ser utilizada para la constitución de reservas técnicas y para el pago de servicios y tecnologías en diferentes vigencias, como parte del funcionamiento normal del sistema de aseguramiento en salud. La aplicación de la tesis de la Contraloría podría afectar severamente el flujo de recursos y el pago de deudas, especialmente en un contexto de insuficiencia de recursos y problemas crónicos de gestión.

El comunicado también subraya que en 2020, los recursos de la UPC financiaron completamente el aseguramiento y la atención relacionada con la pandemia. Los recursos extraordinarios del FOME, que ascendieron a 1.8 billones de pesos y se giraron en 2021, fueron utilizados para canastas COVID y representaron solo el 2% de los ingresos corrientes del año.

Los gremios durante la misiva, hicieron un llamado a la Contraloría para revisar y aclarar su postura, advirtiendo que la aplicación de esta tesis podría agravar aún más las dificultades del sistema de salud y perjudicar a los pacientes, especialmente a los más vulnerables.

Comunicado completo: 

Pronunciamiento oficial de @acemi_gremio @ANDI_Colombia y @ASOCAJAS sobre el reciente informe de la @CGR relacionado con la destinación de los recursos de la UPC del año 2020. pic.twitter.com/yVgaw3C8uX

— ACEMI (@acemi_gremio) August 14, 2024