La Procuraduría General de la Nación formulo cargos contra la alcaldesa de Marialabaja, Raquel Victoria Sierra Cassiani. La mandataria enfrenta acusaciones de no haber pagado el servicio de energía de la Institución Educativa de Correa, un hecho que ha privado a los estudiantes de las condiciones básicas para su aprendizaje durante un periodo crucial.

La investigación se centra en la presunta omisión de la alcaldesa en la puesta en funcionamiento de la Institución Educativa de Correa, un plantel cuyas obras de infraestructura fueron entregadas por el Fondo de Adaptación el 19 de diciembre de 2019. Sorprendentemente, un año después, el edificio permanecía sin ocupar, privando a los estudiantes de su derecho a una educación de calidad.

La Procuraduría señaló que la administración municipal, liderada por Sierra Cassiani, perturbó el servicio público esencial de educación al no pagar el servicio de energía o suscribir un acuerdo de pago con Electricaribe, la empresa encargada de suministrar la electricidad. Este acto, según el comunicado oficial, fue realizado "sin justificación", generando un perjuicio evidente para la comunidad educativa.

En virtud del cargo que desempeñaba, la alcaldesa tenía la responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en el acta de entrega de bienes y/o servicios obtenidos como resultado de la ejecución del contrato. La omisión en poner en funcionamiento el colegio podría constituir una vulneración de los principios de responsabilidad y eficacia, según la Procuraduría.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena calificó la conducta de Sierra Cassiani como grave, cometida a título de culpa gravísima. La etapa de juzgamiento permitirá a la alcaldesa rendir su versión de los hechos, presentar descargos y solicitar pruebas para defenderse de las acusaciones que podrían tener consecuencias significativas tanto para su carrera política como para la comunidad educativa de Marialabaja.