Gaviria pedirá nulidad de medida de aseguramiento | El Nuevo Siglo
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Lunes, 8 de Junio de 2020
Redacción Web

Ante la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pedirá una nulidad de la medida de aseguramiento en su contra por presuntas irregularidades en la construcción y contratación del Troncal de la Paz. 

“Informo a la opinión pública que no vamos a proceder ante la Fiscalía, sino que hoy mismo voy a radicar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad de esa decisión de la Fiscalía”, manifestó a Blu Radio.

El gobernador le dijo a algunos medios que la Fiscalía tiene "graves" vacíos. 

“Hoy radicaré ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, una solicitud de nulidad a la decisión de la Fiscalía. Esperamos que esto se tramite rápidamente, pues tiene que ver con la libertad que es uno de los elementos que se priorizan, aspiraría que por las distintas circunstancias sea rápido”, dijo a Rcn Radio.

Sobre el procedimiento de la Fiscalía General de la Nación, Gaviria señaló que “yo creo que el fiscal está cometiendo grandes errores y este es el más grande, eso no le conviene a él ni al país. Esperamos que se corrijan los errores a que se cometan nuevos”.

Por último, insistió en que él no firmó el contrato de la Troncal de la Paz ni las dos adiciones realizadas.

Cabe mencionar que, según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria, cuando se desempeñó por primera vez como gobernador de Antioquia, entre 2004 y 2007, habría podido incurrir en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

El Fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente en un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.