La Fiscalía General de la Nación nombró a Gilberto Iván Villarreal como el nuevo fiscal encargado de liderar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El fiscal asume el caso después de las renuncias y impedimentos de los fiscales anteriores, Andrés Palencia y Víctor Salcedo. El nuevo fiscal tiene la responsabilidad de decidir si acusa a Uribe o archiva el caso en un plazo de 90 días.
Gilberto Iván Villarreal Pava, oriundo de San Gil, Santander, y con 29 años de experiencia en la rama judicial, asume un caso marcado por su complejidad y las sucesivas complicaciones en la designación de fiscales. El proceso se inició en 2012 cuando Uribe demandó al senador Cepeda por supuesta manipulación de testigos, llevando a la Corte Suprema a abrir un proceso contra el expresidente.
La designación de Villarreal sigue a la renuncia de Andrés Palencia y al impedimento aceptado de Víctor Salcedo, quien se apartó del caso debido a sus opiniones expresadas en una columna de opinión previa. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que el impedimento de Salcedo se encontró "configurado una de las causales de ley."
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El caso, que ha pasado por varios fiscales, genera tensiones y opiniones divididas. La defensa de Uribe sostiene su inocencia, argumentando que no hubo manipulación de testigos, mientras que las víctimas insisten en la existencia de méritos para llevarlo a juicio.
Sobre el caso
El caso contra Álvaro Uribe Vélez se origina en 2012, cuando demandó al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos. La Corte Suprema cambió el rumbo, abriendo un proceso contra Uribe por la misma acusación. Tras renunciar a su escaño, la Fiscalía buscó cerrar el caso, pero fue rechazado, dando lugar a acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal.
Las alegaciones centrales sugieren que, a través de su abogado Diego Cadena, Uribe intentó sobornar a testigos para evitar declaraciones perjudiciales. El proceso ha experimentado cambios de fiscales, destacando renuncias e impedimentos.
Gilberto Iván Villarreal, el nuevo fiscal, asume la tarea de revisar el caso y decidir si acusa a Uribe o archiva el expediente en los próximos 90 días. Este desarrollo marca un hito en un caso judicial de alto perfil que ha mantenido la atención pública en vilo en Colombia.