A través del Decreto 601 del 2020 el presidente Iván Duque designó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, la función de buscar el sometimiento a la legalidad de los integrantes de todos los Grupos Armados Organizados (GAO), entre los que se encuentran el Eln y las disidencias de las Farc.

“Esta es una nueva oportunidad para que los miembros de los GAO que quieren hacer un tránsito a la legalidad, un tránsito y un sometimiento a la justicia, puedan tener una ruta para ello”, indicó Ceballos.

Al explicar los alcances de esta norma, Ceballos manifestó que de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional hay cinco GAO caracterizados como tales. En primer lugar el Eln, al cual se le reconoce un carácter político y luego, otros cuatro a los cuales no se les reconoce ese carácter: las disidencias de las Farc o grupos armados organizados residuales (GAO-r), el Clan del Golfo, Los Pelusos (disidencias del Epl, guerrilla desmovilizada en los 90) y Los Caparros, que constituyen una disidencia del Clan del Golfo.

Ceballos sostuvo que en este momento el sometimiento a la justicia por parte de los miembros de cada uno de esos grupos, es posible a través del acercamiento con la Oficina del Alto Comisionado y las personas que dicha oficina autorice.

Afirmó también que existen en la actualidad beneficios jurídicos en el Código de Procedimiento Penal, para que las personas que se sometan a la justicia puedan tener rebajas de penas y subrayó, que esos beneficios jurídicos se pueden aplicar inmediatamente.

El comisionado Ceballos manifestó que “existen también rutas, en el caso del Eln, para el sometimiento individual y la entrada a una línea de desmovilización, que les otorga a las personas que decidan por ello beneficios, tanto para ellos como para su familia”.

Y agregó que “en el caso de los miembros de los otros cuatro GAO, el Gobierno nacional establecerá en pocos días una ruta para el sometimiento individual de sus integrantes, para que al igual que en el caso del Eln, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias, que van a cubrir no solamente los primeros meses, sino, como viene sucediendo, a través de la Agencia de Reincorporación y Normalización, beneficios que los acompañan durante varios años de inserción en la vida civil”.

“Esta es una nueva oportunidad para que los miembros de los GAO que quieren hacer un tránsito a la legalidad, un tránsito y un sometimiento a la justicia, puedan tener una ruta para ello”, aseguró Ceballos.

El Decreto indica que “el Alto Comisionado para la Paz y las personas autorizadas por él, deberán verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los GAO presentes en el territorio nacional”.

Se esperan señales

El senador conservador Efraín Cepeda, miembro de la Comisión de Paz, indicó que “aquí habría una autorización para un eventual proceso con el Eln y un proceso de sometimiento a la justicia con los GAO residuales. Explorar estos caminos me parece muy positivo. Y esto no quiere decir que el Gobierno haya claudicado en las condiciones que impone al Eln para avanzar en el proceso. Recordemos que el Gobierno había autorizado a dos exmiembros del Eln para que exploraran la posibilidad de paz. Espero que los grupos residuales hayan mandado señales de sometimiento a la justicia”.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín indicó que “uno esperaría que el Gobierno esté abocado a la posibilidad de procesos de sometimiento a la justicia de estructuras criminales y no a procesos de negociación, donde sea el Estado el que se someta a esas estructuras. En este momento el país tiene dificultades de debilidad institucional, pero yo siempre he sido defensora de la posibilidad de leyes de sometimiento”, para que el Estado “en un marco legal, con una dosis de justicia, tenga la posibilidad de desestructurar organizaciones criminales. En una ciudad como Medellín esto sería muy importante, porque nosotros tenemos presencia del 43% de las GAO que operan en toda Colombia”.

El senador Roy Barreras, de La U, presidente de la Comisión de Paz, aseguró que este decreto “autoriza al Alto Comisionado a hacer lo que ya estaba autorizado a hacer. Sin embargo, parece ser un guiño o una señal en el camino de una paz posible. Ojalá esto signifique algún tipo de sometimiento masivo a la justicia de grupos ilegales o el inicio de conversaciones con grupos como el Eln que aún se mantienen en armas”.

A su turno, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, miembro de la Comisión de Paz, sostuvo que valora que “el Gobierno entienda que una manera de bajar la tensión en las zonas es buscar una salida negociada con actores políticos a través de la negociación de un proceso de paz e incluso, plantear la necesidad de un proceso generoso de sometimiento a la justicia, que busca que grupos que no tienen el carácter político también tengan una salida. Entre otras cosas, que estos grupos terminan haciéndole vueltas sucias a sectores políticos como un ataque sistemático a líderes sociales o a personas de interés para ciertos grupos económicos”.

El congresista agregó que “con este decreto se manda un mensaje de que el Gobierno por lo menos con la expedición de este decreto va a explorar si hay posibilidad de hacer algún proceso de paz con alguna organización como el Eln o un proceso de sometimiento a la justicia con los GAO”.

Velasco añadió que “aquí no podemos hablar de sometimientos individuales, porque si ese fuera el caso para eso está la Ley de Orden Público. Sometimientos individuales siempre se hacen, para eso no necesitamos un decreto. Si realmente el Gobierno quiere hacer un sometimiento a la justicia o un acuerdo de paz, debe haber unas condiciones especiales. El sometimiento de uno por uno de los miembros de estas organizaciones ya se puede hacer”.

Cumplir lo pactado

En la Cámara, el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, indicó que “con este decreto, el Gobierno abre una puerta para el sometimiento individual con beneficios atractivos como un pago mensual, proyectos productivos y apoyo en educación para sus hijos o familiares para aquellos que deseen abandonar las organizaciones criminales, incluido el Eln, y que se den cuenta que la legalidad vale la pena”.

La segunda vicepresidenta de la Cámara, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, dijo que “acompañaremos siempre la voluntad de paz de los sectores que quieran comprometerse en este propósito, el mismo que han estado empeñadas tantas generaciones. Desde la Comisión de Paz hemos insistido en revisar este tema especialmente, porque muchos de estos grupos operan en las ciudades y son responsables de lo que sucede en los barrios. Sin embargo, los anuncios por si solos no sirven de nada. La manera de que estos grupos se sumen es el cumplimiento de lo pactado en procesos anteriores”.