Una reducción del 32% ha sido reflejada en los homicidios a líderes sociales durante el Gobierno del presidente Iván Duque. Así lo aseguró el consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa Delgado.

Las cifras que demuestran este argumento fueron tomadas con datos de Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en donde comparan los 88 asesinatos registrados durante el 7 de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018, en el gobierno anterior, con los  60 homicidios  presentados en lo que va del mandato de Duque. 

Además, con los casos verificados por Naciones Unidas, desde el 2016 hasta mayo de 2019, ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país, de los cuales, 60 sucedieron durante esta Administración, es decir, que 221 fueron perpetrados durante el anterior gobierno.

Así mismo, Barbosa Delgado destacó que según estos resultados, el 95%  del territorio nacional no se ha registrado casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que significa que en solo 45 de los 1.051 municipios del país se han registrado homicidios de líderes sociales.

El consejero hizo énfasis en que al realizar una comparación entre la tasa global de homicidios en el país con la tasa de líderes asesinados por cada 100.000 habitantes, arroja 0,02 homicidios de líderes en el 2019.

“Creo que es importante hacer, también, este tipo de reflexiones para efecto de poderle mostrar al país y al mundo lo que está ocurriendo, frente a los crímenes de líderes sociales”, dijo el Consejero, y agregó que “son cifras que nos duelen y que es necesario combatir para tratar de reducirlas al mínimo nivel”.

Ante las alentadoras cifras, el consejero aseguró que es gracias  “la labor que estamos haciendo en el territorio, con los Talleres Construyendo País, el Plan de Acción Oportuna (PAO), liderado por la Ministra del Interior (Nancy Patricia Gutiérrez)”, y resaltó que la disminución  tiene relación con “todos los avances que se están teniendo en la región, la inversión social, las Zonas de Intervención, que además se aprobaron en la prórroga de la ley de orden público, y el movimiento que estamos haciendo, en mi cabeza, como Consejero Presidencial de Derechos Humanos”.

A su vez, recordó que las principales amenazas a la vida de los líderes sociales son los cultivos ilícitos, narcotráfico, atado a minería ilegal y grupos armados;  por lo que, afirmó que el Gobierno incrementará sus acciones y presencia en los territorios, no solo con aumento en el pie de fuerza, sino también “con servicios públicos, con provisión de bienes públicos, como salud, educación y servicios sociales”.