La Procuraduría General de la Nación impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó a la Corporación Autónoma Regional (CAR) pagar al consorcio constructor de la planta de tratamiento PTAR Salitre el valor de la obra, pese a las deficiencias evidenciadas en la misma.
Así se determinó en un recurso de reposición contra la orden impartida al director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Luis Fernando Sanabria, de pagar al consorcio Expansión Salitre PTAR Salitre-CEPS las sumas adeudadas por el Contrato Llave en mano número 803 del 2016, y enviado a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda. A este respecto vale referir que la Procuraduría señaló que la misma es “desafortunada y alejada del ordenamiento jurídico”.
Adicionalmente, el Ministerio Público argumentó que el juez de los derechos colectivos no tiene competencia para pronunciarse y resolver asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales y que, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional a las partes, se les deben garantizar el debido proceso, lo que no ha pasado en este caso específico de la planta de tratamiento de las aguas del río Bogotá.
Asimismo, el órgano de control explicó que la orden de pago no se puede tener como legítima y válida sin que se haya comprobado en debida forma el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, situación que no se ha dado, como se puede evidenciar en los informes que relacionan los defectos, daños y averías de la PTAR Salitre, y tema frente al cual justamente la alcaldesa Claudia López hizo un llamado de atención el martes de esta semana.
La Procuraduría ha participado en nueve audiencias y mesas de trabajo en la búsqueda de la preservación del patrimonio público y el pasado 24 de junio alertó sobre las falencias e incumplimientos del proyecto, los cuales pueden incidir en el funcionamiento de la planta.
Alcaldesa prendió las alarmas
A este respecto, el martes la alcaldía de Claudia López emitió una comunicación en la que advirtió de posibles irregularidades que, eventualmente, podrían traducirse en detrimento patrimonial.
Precisó que este proyecto se ha venido ejecutando con el dinero que los bogotanos han asumido a través del pago del impuesto predial, y anualmente el Distrito le está girando a la CAR $545 mil millones del impuesto predial que recauda en la ciudad. De hecho, a la fecha la inversión que la ciudad ha hecho para financiar la ejecución de la obra de la PTAR Salitre asciende a la suma de $1,3 billones.
“Los recursos de todos los bogotanos están en riesgo. La planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con su contribución por impuesto predial a la CAR. Si la PTAR Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los bogotanos deberán asumir sobrecostos (a través de las tarifas), para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta de tratamiento”, indicó el martes la alcaldesa Claudia López.
Agregó que el contrato suscrito por la CAR con el Consorcio CEPS se acaba en 52 días y, pese a ello, la planta de tratamiento del Salitre presenta graves deficiencias, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: el sistema de monitoreo, automatismo y control (Scada) de la planta no sirve, con equipos y áreas completas desconectadas del sistema y equipos que están conectados pero sin funcionar. Esta situación hace imposible la operación automática de la planta como exige el contrato, e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo.