La JEP avanza en la implementación de medidas judiciales que contribuyan a fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por esta vía, la Justicia Transicional Restaurativa espera romper con las barreras estructurales en materia de procesos de búsqueda, identificación y entrega digna (PBIE) para responder de manera integral, eficiente y eficaz a las demandas de miles de colombianos y colombianas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el conflicto armado.

Para lograrlo, se está articulando el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Salud y Protección Social.

A través de diferentes órdenes y acciones, que viene liderando la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de esta Jurisdicción, se está despejando el camino para que las entidades y organizaciones dialoguen y planteen metodologías que puedan ser implementadas a nivel nacional. De este modo, se espera que las lecciones aprendidas en el marco de los trámites ya desarrollados se traduzcan en planes, programas y proyectos de la Política Integral de Búsqueda. En otras palabras, esta ruta metodológica permitirá consolidar acciones que den respuesta más expedita a las familias buscadoras.

El paquete de medidas adoptadas por la Sección incluye la convocatoria para iniciar un diálogo interinstitucional entre entidades nacionales y territoriales el próximo 3 y 10 de julio. Además, se ha ordenado a las entidades del Estado de más alto nivel conformar tres mesas técnicas que desarrollarán estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Entre ellas, se contempla diseñar un plan nacional para la toma masiva de muestras biológicas que permita agilizar su recolección.

Mediante la articulación a nivel nacional, la magistratura busca definir la ruta y los protocolos forenses necesarios para la salvaguarda y protección de los cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado en proyectos de infraestructura de transporte en el país. Para la JEP, el desarrollo económico debe armonizarse con los diferentes procesos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. En este sentido, la estrategia desplegada por la Jurisdicción contempla la articulación que se llevará a cabo en sitios de interés forense distintos a cementerios.

Con este fin, la JEP ordena una reunión el 3 de julio de 2024 con el objetivo de definir la metodología y objetivos de la Mesa Técnica que solicitaron las víctimas. En esta reunión se contará con la participación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda y las organizaciones solicitantes, en el marco de la medida cautelar nacional adoptada para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.

Adicionalmente, la Sección dispuso en el marco de esta medida cautelar que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Medicina Legal celebren una reunión con las mismas organizaciones solicitantes el 10 de julio de 2024. En este encuentro se explicará la metodología actual de identificación de personas dadas por desaparecidas y se aprovechará la oportunidad para recibir sus propuestas y articularlas con miras a mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La activación de esta ruta metodológica permitirá avanzar en los trámites de 23 medidas cautelares que lidera la SARV para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Si bien estas decisiones tenían el objetivo de atender situaciones específicas en el marco de la medida cautelar a nivel local o territorial, la JEP ha encontrado que para resolver las fallas que no permiten responder con eficiencia a las familias buscadoras, es necesario romper las dificultades estructurales que se han identificado.  

¿Qué ha encontrado la JEP?

Las medidas cautelares, adoptadas por la Justicia Transicional Restaurativa se han convertido en una herramienta esencial para materializar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Esta vía ha permitido avances significativos en relación con el derecho a la búsqueda que genera esperanza para las familias buscadoras. Además, han demostrado la importancia de la articulación interinstitucional en estos procesos.

Hasta la fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Esto ha permitido la exhumación de 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 entregados dignamente a sus familias.

Para amplificar este impacto y responder con la rapidez que demandan las víctimas de este crimen, la JEP está tomando acciones que atiendan las deficiencias transversales y estructurales diagnosticadas en el marco de los trámites cautelares, así como en la información allegada en el trámite de la medida cautelar nacional, ¿cuáles son los hallazgos?

1. Ausencia de consolidación de los sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación.
2. Dificultad en el acceso a la información por parte de las entidades a cargo de la búsqueda de personas en el país.
3. Subregistro de víctimas de desaparición forzada debido no solo a los problemas de acopio y consolidación de información mencionados, sino también a problemas socio-culturales como el temor a denunciar, la desconfianza en las entidades estatales y las dificultades de acceso a la administración de justicia.
4. Falta de articulación estatal que lleva a la duplicidad de labores entre las distintas entidades que se encargan de la búsqueda, identificación y entrega digna.
5. Necesidad de fortalecimiento presupuestal y tecnológico de las entidades públicas vinculadas a los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna.
6. Falta de una política pública para el tratamiento de la problemática de desaparición forzada en el Estado colombiano, incluyendo la elaboración de estándares de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento que garanticen la uniformidad y eficiencia de los procesos de búsqueda, custodia e identificación.
7. La falta de masividad en la toma de muestras biológicas, lo cual dificulta el proceso de identificación de personas desaparecidas.
8. La ausencia de una política pública sobre la custodia y preservación de lugares de inhumación.
9. La precariedad en la infraestructura necesaria para la disposición y abordaje de cuerpos.

Para llegar a esta radiografía, la magistratura ha tenido en cuenta el contexto presentado por las instituciones nacionales y territoriales, con expertos y técnicos forenses, incluso internacionales. Cada análisis recogido en las audiencias de medidas cautelares ha derivado en acciones específicas que atendían problemáticas puntuales. Un ejemplo de ello es el Plan Piloto desarrollado para la intervención de osarios colectivos, en Samaná (Caldas); y el Protocolo Arqueológico Forense para el Apoyo de la Búsqueda de Personas Desaparecidas con Enfoque Diferencial, Étnico y de Género, que establece los parámetros aplicables para facilitar la búsqueda acuática de personas desaparecidas en el Canal del Dique.

La centralidad de las víctimas sigue siendo la esencia del quehacer judicial de la JEP. Bajo este objetivo misional, se ha garantizado su participación efectiva en los 11 macrocasos que investiga la Sala de Reconocimiento de Verdad. Además, se ha brindado atención a miles de colombianos y colombianas que, aunque no acreditados para participar del proceso judicial, han sido víctimas del conflicto armado.

La oportuna adopción de estas decisiones en el marco de las medidas cautelares, y el seguimiento a las mismas a través de audiencias, han facilitado el diálogo entre las entidades y la consolidación de información para una ruta eficaz, lo que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.