La Fiscalía imputó a tres exfuncionarios de la Gobernación de Amazonas por presuntas irregularidades en un proyecto de energía solar para comunidades indígena.
Los procesados habrían destinado recursos de regalías por más de 26.878 millones de pesos para la construcción de huertas solares, las cuales no eran viables.
Anteriormente, la Fiscalía había advertido sobre presuntas irregularidades en el trámite, celebración y ejecución de un contrato del proyecto que buscaba llevar luz eléctrica a tres comunidades indígenas de Amazonas.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a tres funcionarios de la Gobernación de Amazonas, que estarían involucrados en las anomalías detectadas. Se trata del exsecretario de Planeación del departamento, Luis Eduardo Niño Lozada; el exdirector de Infraestructura de la Secretaria de Planeación, Víctor Julio Segura Ruiz; y el exjefe de la Oficina Jurídica, Jairo Nixon Espejo Bahos.
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En marzo de 2015, la Gobernación de Amazonas presentó el proyecto de energía solar ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD – Regional Sur), el cual dos meses después le dio viabilidad, prioridad y aprobación, por un valor de 26.878 millones de pesos.
El material de prueba da cuenta que, durante la etapa de formulación de la iniciativa, se entregaron cinco certificaciones con contenido falso, que soportaban la supuesta inclusión del proyecto en el plan de desarrollo del departamento y los planes locales; y el aval técnico, financiero y de sostenibilidad por parte de la empresa de energía del departamento; entre otras exigencias de ley.
Contrario a lo que establecían los documentos, la Fiscalía determinó que en los estudios previos no se estableció la operación, administración, mantenimiento y un esquema de sostenibilidad a 10 años de las huertas solares. Tampoco se contó con el concepto del operador que tenía la exclusividad de generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica; ni se fijó con claridad si el servicio a prestar sería gratuito o tendría algún costo para las comunidades indígenas.
Estas y otras irregularidades fueron informadas en su momento por el Ministerio de Minas y la empresa privada que proveía la energía a Amazonas; pero la administración continuó con la licitación y suscribió el contrato el 21 de septiembre de 2015. A la fecha, las obras no han terminado.
Por todo lo anterior, los exfuncionarios fueron imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, a Niño Lozada le fueron formulados los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Los investigados no aceptaron los cargos.