Con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020, emitido por la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública inició actuaciones disciplinarias para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC - presupuestos máximos - y las Unidades de Pago por Capitación (UPC) girados por la ADRES en el año 2020.
En el mismo sentido, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Cabe recordar que el pasado 5 de agosto, la Contraloría emitió un informe sobre el uso que le dan las EPS a los dineros de salud, en el cual habla de hallazgos fiscales por $6 billones en 24 entidades, por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5,3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en indagación preliminar.
La Contraloría General de la República explicó que adelantó una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la Adres a las EPS en la vigencia 2020; asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de estas empresas, utilidades y variaciones patrimoniales.
El organismo detalló que para evaluar la gestión fiscal utilizó la información de los estados financieros certificados de cada una de las EPS y registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a las vigencias 2019, 2020 y 2021.
El estudio arrojó entre otros hallazgos que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la UPC, por $5,4 billones, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la ley, advirtió la Contraloría.
Por ejemplo, indicó el organismo, la EPS S.O.S. pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras fuentes, deudas por $86.000 millones del periodo comprendido entre las vigencias 2003 a 2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas y/o las acciones judiciales habían caducado.
Producto de esta actuación la Contraloría detectó 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de $6 billones, que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal.
También, 37 hallazgos con presunta incidencia penal; 37 con presunta incidencia disciplina