La violencia que desplegó el grupo paramilitar Calima en Colombia entre 1999 a 2004 quedó plasmada en un reciente informe publicado esta semana por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) llamado ‘Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano’.

El informe fue presentado este martes en Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, mientras que el miércoles y el jueves se presentó en las ciudades caucanas de Santander de Quilichao y Popayán, respectivamente. Estas ciudades fueron cercanas al lugar de operaciones del Bloque Calima, el cual cometió cientos de delitos.

Uno de los principales hallazgos del informe fue que, durante sus cinco años de operaciones, el grupo armado cometió 119 masacres en poblaciones de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila y Quindío.

Luisa Hernández, coordinadora del equipo de investigación y relatora principal en el informe del CNMH, le aseguró a la Agencia Anadolu que, con base en los relatos de exparamilitares, el Bloque Calima cometía las masacres para generar terror en la población civil y provocar desplazamientos.

“Según ellos, cometer masacres les daba una ventaja militar y los ayudaba a consolidar su control territorial en las zonas en las que estaban incursionando. Ellos lo llamaron la etapa de romper zona, que era arrasar y saquear esos territorios”, indicó Hernández.

La coordinadora detalló que las actividades del grupo paramilitar buscaban apropiarse de las fuentes de financiación en sus lugares de operación y ayudar a consolidar el control territorial de los narcotraficantes en la zona. “La llegada de ese grupo armado facilitó que los narcotraficantes pudieran enfrentar las acciones de la guerrilla que los afectaban”, manifestó.

Le puede interesar: Clan del Golfo no se someterá a justicia todavía.

Las fuentes de financiación del Bloque Calima también quedan expuestas en el documento del CNMH. Hernández indicó que actividades de narcotráfico, el robo de gasolina y crudo, aportes voluntarios y producto de la coacción de sectores económicos a cambio de seguridad fueron las principales fuentes de recursos.

“Al final es difícil establecer el límite entre los que fueron aportes voluntarios y los que fueron producto del temor que generaba el grupo armado”, mencionó la relatora.

Hernández sostuvo que el objetivo del informe es contribuir al esclarecimiento del origen y la conformación de los grupos paramilitares en Colombia, basado en la Ley 1424 de 2010 sobre el diseño de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica.

La relatora añadió que en el marco de los derechos que internacionalmente están reconocidos para las víctimas de los conflictos armados está el de la verdad.

“El Estado debe garantizar que las víctimas conozcan cómo sucedieron los hechos, quiénes los cometieron y por qué. En ese sentido el informe contribuye a garantizar el derecho a la verdad y constituye una medida de reparación simbólica”, mencionó Hernández.

Otro de los hallazgos claves del informe es que el Bloque Calima fue un grupo invasor cuyos primeros hombres llegaron al Valle del Cauca provenientes de Córdoba y Urabá, y eran afines al exlíder paramilitar Vicente Castaño.

El informe también evidenció situaciones de colaboración de las fuerzas militares, de la Policía y de otras autoridades estatales con el Bloque Calima durante buena parte de su trayectoria en el suroccidente de Colombia.

“La negligencia que mostraron las autoridades militares y civiles frente a la llegada del Bloque Calima al Valle del Cauca mutó rápidamente en una actitud de colaboración activa de la fuerza pública frente al accionar paramilitar”, indicó el informe.

Algunas de las masacres con más víctimas perpetradas por el Bloque Calima fueron las sucedidas en la zona del Alto Naya, en el municipio de Buenaventura, en abril de 2001, que dejó 29 personas muertas, y la acontecida en la vereda Alaska, en el corregimiento La Habana, de Buga, en octubre de 2001, con 24 muertos. Las dos se desarrollaron en el departamento del Valle del Cauca.

El documento del CNMH señala que 3.400 hechos de desplazamiento forzado individual y colectivo se atribuyen al Bloque Calima. Señala, además, que esta información puede constituirse en un punto de partida para guiar futuras investigaciones sobre grupos armados en Colombia.

El informe es el segundo que presenta el CNMH sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones de Colombia. En 2017 fue publicado un documento sobre el Bloque Tolima de las AUC.

El Centro de Memoria tiene proyectado dar a conocer a final de 2018 un informe sobre las Autodefensas Campesinas en Meta y Vichada, y uno sobre las Autodefensas Campesinas en Magdalena Medio y Puerto Boyacá.