Mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por ocho años y seis meses, al exgobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, quien contrató ayudas alimentarias durante la emergencia por covid-19 con un financiador de su campaña.
El exmandatario celebró el bilateral con Jaime Alfonso Núñez Montilla, quien se encontraba inhabilitado para ello, por haber financiado la campaña del entonces gobernador para el periodo 2020-2023 con un aporte superior al dos por ciento de la suma que autoriza la ley para contratar con los aportantes a campañas de candidatos electos.
El negocio jurídico, que ascienda a $ 1.600 millones, surgió como consecuencia en la urgencia manifiesta que tuvo que ser declarada en el departamento del Caquetá a causa de la pandemia en 2020.
La conducta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima, pues constituye falta gravísima intervenir en “la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley”.