La Contraloría General de la República abrió proceso sancionatorio contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y contra el exdirector, Javier Pava, por no responder a las citaciones para demostrar avances en el proceso de reconstrucción de Mocoa.

Así lo anunció el contralor en funciones, Carlos Zuluaga, durante la instalación de la mesa de trabajo en la capital del departamento del Putumayo.

Es importante mencionar que al evento, que se desarrolla en el Instituto Tecnológico del Putumayo, estaba citado el director del UNGRD. Sin embargo, el funcionario ni ninguno de sus delegados asistieron.

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Funcionarios de la Contraloría denuncian que no han recibido respuesta a varios requerimientos hechos con relación a las obras.

Desde Mocoa, el Contralor en funciones Carlos @zuluagapardo anuncia que, por la oportuna acción de la Contraloría General de la República, se recuperaron $3.502 millones de la Gobernación del Putumayo que habían sido objeto de robo cibernético. #ContraloríaEnLasRegiones pic.twitter.com/l2qzTvAXMv

— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 30, 2023

"Quiero que sepan los ciudadanos de Mocoa que estos funcionarios se han creído con privilegios instituacionales al no responder y no dar la información que el organismo de control solicita, al no asistir a las reuniones, no atienden los llamados y no permiten monitorear los avances de las obras", informó el Vicecontralor General. Y agregó que enviaron un correo a las 11:00 p.m. diciendo que si podían aplazar la reunión de hoy.

Cabe recordar que hace seis años y cinco meses el país se impactó por la tragedia en Mocoa. Un fuerte aguacero desató una avalancha la noche del 31 de marzo de 2017, que llevó a los desbordamientos varios ríos y quebradas que atraviesan o bordean esa ciudad. Más de cinco barrios fueron destruidos y una cantidad mayor fuertemente afectados.

Las autoridades indicaron que hubo más de 300 personas fallecidas, varios centenares de heridos, alrededor de 16 mil damnificados, así como centenares de casas y comercios arrasados.

Sin embargo, ese proceso no ha avanzado como se esperaba. Ya los entes de control han notificado al respecto e incluso iniciado sendos procesos de investigación desde el punto de vista fiscal, disciplinario y penal.