La JEP aceptó el sometimiento y concedió beneficios transicionales al mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, al teniente (r) William Eduardo López Pico, al sargento primero (r) Carlos Arturo Malte Pérez y al soldado profesional (r) Duberney Lugo, antiguos miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar Tolima), adscrito a la Sexta Brigada, por 'falsos positivos' cometidos entre 2006 y 2008.
Los hechos por los cuales la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de tres de los cuatro agentes de la fuerza pública ocurrieron entre el 5 de noviembre de 2006 y el 24 de mayo de 2008 en el Tolima. En esa época, William López Pico, Carlos Malte Pérez y Duberney Lugo habrían presentado a, por lo menos, 14 personas como falsas bajas en combate. Estas operaciones ilegítimas se habrían ejecutado con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime) a la cual pertenecía José Wilson Camargo Arévalo. También habrían contado con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los que se encontraba el detective Giovanny Calderón Salazar, según la resolución SDSJ N° 1059 del 16 de marzo de 2023.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les exigió a los solicitantes que hagan un reajuste de las propuestas de aporte de verdad y reparación, pues las presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas.
Las 14 víctimas de estos hechos, quienes eran personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), son: Carlos Augusto Villanueva Arcila, Hernando de Jesús Pérez Patiño, Cristian Camilo Rojas Morales, Heliodoro Parada Urueña, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, Jeison Méndez Zorro, Rubén Fernando Sánchez Morales, Dorancé Enciso Molina, Marco Antonio Quiroga, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, Jesús Alirio Lloreda Machado, Alexander Jiménez Gallego y Luis Alfonso Jiménez Gallego.
La resolución de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas añade que el sometimiento del mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo se otorga por hechos en los que integrantes del Batallón de Infantería 21 'Batalla Pantano de Vargas', quienes operaban bajo su mando, habrían asesinado y presentado como bajas en combate a Jaime Antonio Pérez y Óscar Eduardo Hincapié Duque, el 7 de septiembre de 2003, en la vereda Cristalinas del municipio Lejanías (Meta).
En su análisis de los hechos, la sala encontró que, para dar apariencia de legalidad a estos operativos, los exmiembros del Gaula Militar Tolima alteraron la escena de los hechos; además habrían puesto armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas, quienes fueron reportadas como integrantes de grupos armados ilegales y, en algunos casos, les habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación. Adicionalmente, estos agentes habrían presentado documentación operacional fraudulenta y habrían dado declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar con la finalidad de desviar las investigaciones por estos sucesos.
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El estudio de la sala dispuso que las actuaciones por las que estos agentes de la fuerza pública se han sometido a la JEP deben continuar bajo un mismo expediente, pues tienen nexos estrechos en las conductas y presentan un modo de operar similar. Por ejemplo, se evidenció que integrantes del Gaula Militar Tolima habrían usado información de inteligencia aportada por la Rime y el DAS para capturar civiles y personas protegidas por el DIH que, posteriormente, fueron asesinadas y presentadas como resultados de “operaciones antiextorsión". Las víctimas habrían sido contactadas bajo engaños o en el medio de presuntas “entregas controladas" de dinero en cobros de extorsiones, para luego ser llevadas a zonas rurales donde fueron asesinadas.
La Sala considera que algunos miembros de la fuerza pública posiblemente involucrados en estos hechos son: el coronel (r) José Luis Martínez Suárez, quien se desempeñó como comandante del Gaula Tolima, y el mayor (r) Germán Alberto Cruz Barrera, quien también perteneció a esta unidad militar. Este estudio conjunto permitirá esclarecer no solo las circunstancias en las que fue causada la muerte a las víctimas, sino también patrones de macrocriminalidad y, en específico, la articulación entre unidades operativas y de inteligencia del Ejército, el DAS y terceros reclutadores en la realización de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Tolima entre 2006 y 2008.
Una vez sean unificados esos casos en un solo expediente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas lo pondrá a disposición de los magistrados relatores del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.