El tribunal de paz tomó la decisión de dejar en libertad al excongresista por presentar programa de reparación a víctimas y haber aportado a la verdad

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Por haber aportado a la verdad plena, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió la libertad condicionada y transitoria al exsenador Álvaro Ashton. 

El tribunal de paz también argumentó que dejó en libertad al excongresista por presentar programa de reparación a víctimas.

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Según datos de la Fiscalía, a Ashton la Corte le adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con el paramilitar Bloque Norte en Atlántico. La indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Malo y su auxiliar, el doctor José Reyes.

Para la Fiscalía, Ashton se habría comunicado directamente con Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el Consejo Superior de la Judicatura, el Capitolio Nacional y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200 millones.

Concepto de la Procuraduría

Cabe recordar que la Procuraduría había pedido que se negara la entrada de Ashton a la JEP. 

“Mal haría en conocer esta jurisdicción de paz casos que involucran a altos dignatarios del Estado como son el exsenador y magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los cuáles se negociaban fallos acomodados desconociendo la justicia, sin ningún tipo de relación con el objeto buscado en el Acuerdo de Paz, y menos aún con el conflicto interno, que van en desmedro de la institucionalidad”, precisó la Procuraduría en ese momento.

En cuanto al proceso disciplinario, el órgano de control reprochó al excongresista presuntamente ofrecer a través del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y posteriormente dar por intermedio del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, aproximadamente $600 millones con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por “parapolítica” N°39768 y se emitiera una decisión a su favor, recursos que al parecer iban dirigidos a los magistrados Gustavo Enrique Malo y José Leonidas Bustos.