La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia expulsó al sargento retirado Ferney Ulmardín Causayá Peña, quien fue condenado a 40 años de prisión por su papel en la desaparición forzada agravada de la exguerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, así como de los trabajadores del Palacio de Justicia Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.
Esta medida se fundamenta en la negativa del exmilitar a aceptar su responsabilidad y su falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos, lo que ha llevado a los magistrados a considerar que no cumple con los requisitos del sistema transicional.
"Esta subsala negará definitivamente el sometimiento a la JEP del señor SM (R) Ferney Ulmardín Causaya Peña, exclusivamente por los hechos relacionados con el asalto armado del Palacio de Justicia y los comportamientos de la fuerza pública que se derivaron de estos", señaló el tribunal de paz.
Los magistrados argumentaron que la JEP tiene como objetivo principal garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y que el compromiso con este principio es esencial para el funcionamiento del tribunal. En este contexto, la falta de aportes significativos por parte de Causayá Peña durante las audiencias ha sido un factor determinante para su exclusión.
"Los familiares de las personas desaparecidas forzadamente en el marco de la toma y retoma del Palacio de Justicia tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido, incluyendo la ubicación de los cuerpos y la identificación de los responsables", señaló la JEP.
La JEP enfatizó que su conducta representa una grave vulneración al régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes ante esta jurisdicción. Además, se ha decidido remitir su caso a la justicia ordinaria, donde enfrentará las consecuencias legales correspondientes por sus actos.
"El relato del compareciente no ha incluido elementos nuevos ni relevantes que permitan avanzar en la comprensión de los hechos, identificar la suerte de las víctimas de desaparición forzada o determinar las responsabilidades de otros actores involucrados en las violaciones graves de derechos humanos durante los eventos del Palacio de Justicia", agregó.