Manifestaron que desde hace tiempo advirtieron al Gobierno sobre aspectos de esta jurisdicción que a su juicio, no ofrece la seguridad jurídica para que policías y militares afronten sus procesos, lo cual según ellos no fue corregido porque ha habido oídos sordos

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Se acaba de producir uno de los llamados más fuertes que se han escuchado desde el sector de los oficiales en uso de retiro, por la preocupación que se ha manifestado de que los uniformados no contarían con las suficientes garantías en sus procesos en la Jurisdicción de Paz (JEP).

Son 29 los generales que enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos manifestando sus temores y el descontento porque, aseguran, sus reparos sobre seguridad jurídica para este personal no han sido tenidos en cuenta.

La misiva está firmada por un exministro de Defensa Nacional, el general (r) Rafael Samudio Molina; cuatro excomandantes de las Fuerzas Militares; cinco excomandantes del Ejército; siete excomandantes de la Armada; once excomandantes de la Fuerza Aérea Colombiana y un exdirector de la Policía Nacional, el general (r)  Luis Ernesto Gilibert.

La comunicación se produce en un momento en que la JEP comenzó a operar desde mediados de marzo pasado para impartir justicia por los delitos graves que se cometieron en el conflicto armado, conociendo en primera instancia los casos de 7.932 postulados, entre éstos 1.824 militares y policías así como 4.653 de las Farc.

El origen de esta carta dirigida al jefe de Estado es que este importante número de generales (r) se reunieron para tocar el tema de lo que varios de ellos han venido diciéndole al Gobierno y el Congreso de la República sobre las garantías jurídicas que deben tener los uniformados que se presenten a la JEP, y como según ellos, nunca fueron atendidos, optaron por firmarla.

Tras hacerse pública, esta misiva recibió el apoyo de la Asociación Colombiana  de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore). Su Presidente, el general (r) Jaime Ruiz, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “Acore se solidariza plenamente con el contenido de la carta, con los reparos que se formulan, ya que coincide con todo lo que a través de los últimos años se ha venido planteando al Gobierno por parte de la reserva activa. Eso lo hemos hecho nosotros, hasta que llegó a un punto que ya se subió a un nivel de sus comandantes en sus últimos 25 años. O sea que es toda la Fuerza Pública que le dice al Presidente ‘esto ha sido un engaño, esto de la seguridad jurídica ha sido un montaje hecho a favor de las Farc, y los miembros de la Fuerza Pública van a quedar en una situación de desventaja’. Hay una reclamación y un malestar, y eso ocurre no solamente dentro de la reserva, también al interior de las Fuerzas Militares, los que están en servicio activo”.

Razones

El general (r) Samudio indicó a este Diario que “desde hace diría que tres años venimos con muchas preocupaciones desde que estaban inclusive las negociaciones en La Habana, y buscando que la gente nuestra tuviera todas las garantías que fueran del caso para efectos que tuvieran el derecho a la defensa y que no nos dieran el mismo tratamiento a los de las Farc”.

Añadió que a eso se agrega que “últimamente con el organismo que se puso en vigencia y que ya se apresuró el Gobierno a posesionarlos a los miembros de la JEP, se sabe que la escogencia también fue cuestionada por nosotros porque ahí hay unas personas que si bien es cierto, aparentemente pudieran tener una trayectoria académica, su perfil y sus antecedentes no ofrecen ninguna garantía de imparcialidad; hasta extranjeros hicieron parte para la escogencia. De manera que todo eso nos crea una incertidumbre que no nos da mucha seguridad y que lo más grave es que todo eso lo hemos advertido al Gobierno y el Gobierno nos prometió que sí tendría en cuenta todas estas cosas, que habría un tratamiento diferenciado, y resulta que no. Como lo decimos en la carta, el compromiso no se ha honrado suficientemente”.

En tanto que el general (r) Luis Ernesto Gilibert le explicó a EL NUEVO SIGLO que “en la carta hacemos el relato de que no nos tuvieron en cuenta en algunas cosas que propusimos y nos sentimos mal, porque lo menos que aspirábamos era que alguien nos respondiera y dijera ‘los vamos a tener en cuenta o no, lo que ustedes están diciendo es traído de los cabellos y no tiene asidero jurídico, o lo vamos a estudiar’. El ideal sería que nos invitaran a debatir el tema, pero es mucho pedir. Con el solo hecho que nos hubieran respondido ‘vamos a tenerlos en cuenta, hay unas personas que los van a escuchar muy detenidamente y vamos a debatir’”.

El general (r) indicó sobre la JEP que “hay ciertos puntos que no son de tanta satisfacción y sobre eso quisiéramos que se estudiaran o nos escucharan”.

La misiva de los generales (r) al Presidente señala, entre otros puntos, que “el tratamiento especial diferenciado acordado para la Fuerza Pública, no corresponde exactamente al compromiso adquirido por usted como jefe del Estado, por cuanto no constituye plena garantía en su aplicación procesal y sustancial. En esta materia, se desatendió inexplicablemente las fundadas y repetitivas peticiones de la reserva activa de las FF.MM y Policía Nacional para adecuar los textos del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con la responsabilidad de mando, a fin de determinar taxativamente la prevalencia del Código Penal colombiano, sobre la normatividad penal internacional con fundamento en el principio universal de favorabilidad”.

Sobre el particular el general (r) Gilibert sostuvo que “es que el tema de la responsabilidad de mando es muy sensible. Entonces si dejamos abierta esa puerta vamos a tener unas interpretaciones que de golpe nos son contrarias y adversas, y vamos a salir lacerados”.

Algunos apartes

Como excomandantes de las Fuerzas Militares y como miembros del Consejo de Ex directores de la Policía Nacional, hemos formulado insistentemente distintos reparos en materia de seguridad jurídica, los cuales han sido puestos oportunamente a su consideración de parte nuestra, y sin que a la fecha, se haya recibido respuesta alguna.

. El tratamiento especial diferenciado acordado para la Fuerza Pública, no corresponde exactamente al compromiso adquirido por usted como jefe del Estado, por cuanto no constituye plena garantía en su aplicación procesal y sustancial.

. Se formularon también serios reparos por el sesgo ideológico implantado en la conformación, tanto del Tribunal de Paz como de la Comisión de la Verdad, con lo cual ha quedado en entredicho su imparcialidad, respecto a futuras actuaciones y fallos judiciales que tendrán que adoptar en diferentes procesos.

. Para terminar, señor Presidente, queremos dejar a manera de constancia histórica frente a esta crítica e incierta situación, que usted como Comandante Supremo de nuestras Fuerzas Armadas, ha asumido una actitud indiferente respecto a estas válidas preocupaciones de quienes tienen y tendrán, la responsabilidad insustituible de ser los más leales defensores del orden constitucional. Sentimos que en estas condiciones, no se ha honrado suficientemente este importante compromiso.