Se cayó el preacuerdo al que había llegado el empresario Carlos Mattos con la Fiscalía, procesado por sobornar a dos jueces para que fallaran a su favor en el caso de la marca Hyundai, pues el juez 30 de conocimiento de Bogotá consideró que el mismo era contrario a la ley.

Mattos recientemente fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, después de que un informe periodístico revelara que estaba aprovechando los permisos que le dieron en la penitenciaría La Picota, en Bogotá, no para asistir a citas médicas sino para ir a sus oficinas y caminar por las calles con la aparente complacencia de los guardianes del Inpec. 

El juez 30 de conocimiento de Bogotá no aceptó el trato del ente acusador con el empresario, que era de 56 meses de prisión y pagar una multa de 93 millones de pesos.

El despacho judicial determinó que dicho preacuerdo tenía fallas, pues obtenía un doble beneficio con la rebaja de la pena y la eliminación de uno de los delitos.

Otro aspecto que consideró el juez para dejar sin efecto el preacuerdo de Mattos con la Fiscalía es que no se tuvo en cuenta la efectiva reparación a las víctimas, en este caso la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. 

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También que el empresario no habría cumplido con el reintegro por el incremento patrimonial que tuvo, que no se ha aclarado, y que consiguió con las decisiones amañadas por medio de sobornos.

Finalmente se señaló que hubo errores en la elección de delito base en el proceso contra Mattos, lo que  "compromete la legalidad" de lo acordado, según determinó el juez.

Cabe recordar que el empresario fue imputado por utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y dos cohechos por dar u ofrecer en calidad de autor y determinador.

Durante más de dos décadas Mattos tuvo la representación en Colombia para  la venta de los vehículos de la coreana Hyundai, sin embargo interpuso una demanda por la decisión de esa compañía de quitarle el negocio.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, entonces el empresario pagó coimas a jueces para asegurarse de que el fallo por dicha demanda le resultara favorable.