La Fiscalía General de la Nación lleva a juicio a la vicepresidenta de Colpensiones, María Elisa Morón, por su presunta participación en la adjudicación irregular de un contrato millonario de defensa jurídica. Este contrato, que inicialmente estaba presupuestado en 4.000 millones de pesos, terminó aumentando a más de 12.000 millones de pesos, sin una justificación clara de dicha adición.
La acusación contra Morón se centra en el presunto direccionamiento del millonario contrato de defensa jurídica en Colpensiones, que ha levantado sospechas debido a su aumento desproporcionado de costos.
Según la Fiscalía, este contrato fue adjudicado a la firma Lupa Jurídica SAS sin una competencia transparente. La acusación señala que no se presentaron cotizaciones competitivas y que el análisis de precios favoreció irregularmente a esta firma en detrimento de otras posibles competidoras, como lo evidenció un extracto de la acusación que menciona: "Usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS".
Además, se sostiene que Morón permitió adiciones al contrato sin justificación clara, aumentando el gasto público en más de 8.300 millones de pesos. Esta acción, según la Fiscalía, lesionó el bien jurídico de la administración pública, lo cual constituye un grave delito de peculado.
Las investigaciones, que iniciaron a finales de mayo, también abarcan otros contratos de la entidad, generando inquietud y desconfianza entre los colombianos, especialmente en el contexto de la reciente aprobación de la reforma pensional.
María Elisa Morón y otros directivos de Colpensiones enfrentan múltiples acusaciones relacionadas con contratos y adiciones presupuestales que carecían de la justificación adecuada. Este escándalo pone en entredicho la gestión de la entidad encargada de los fondos de pensiones, generando un fuerte impacto en la opinión pública y exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades.