Más de 189 billones de pesos, lo que equivale al 4% del PIB, le costó a Colombia la corrupción entre 1991 y 2011, según un documento titulado ‘100 puntos de la corrupción’ que resume los 47 estudios reunidos en la obra de cuatro tomos ‘La corrupción en Colombia’, publicados por la Universidad Externado.

“Al menos el 30% de estos hechos de corrupción se generan en los trámites que día a día realizan los colombianos”, precisó el documento retomando cifras de las Comisión Nacional Ciudadana de 2014.

Tras considerar que “la corrupción es considerada uno de los más importantes problemas de la humanidad”, el documento recuerda que “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que la corrupción ‘distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sostenible de los países y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones económicas internacionales e incrementa los costes de operación de las empresas en las mismas’ (OCDE, 2015). Sin embargo, a pesar de la persistente concordancia en términos teóricos, los esfuerzos para combatir la corrupción han sido hasta ahora claramente insuficientes”.

Así, destaca el documento, “no parece haber evidencia de que las medidas para disminuir la corrupción hayan funcionado en casi ningún caso”.

Según ese documento, cuando las medidas “han funcionado, ha sido en períodos muy largos (décadas) y como resultado de reformas del Estado muy profundas, en particular relacionadas con la eliminación del clientelismo y con la transición hacia Estados de tipo weberiano”.

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El documento precisa que “tampoco es factible afirmar que no han tenido algún efecto, pero en la medida en que la evidencia de su éxito es ambigua, en el mejor de los casos, o inexistente, en el peor, se debe ser cauteloso con el optimismo”.

La práctica del soborno parece tan arraigada en Colombia que según la Cuarta Encuesta Nacional Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas el 91% de los empresarios participantes consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos y, según la misma encuesta, los montos pueden alcanzar en promedio el 17,3% del valor del contrato, representando la cruda realidad que el 58% de los empresarios encuestados afirman que “si no se pagan sobornos se pierden negocios”.

Congruente con el documento, el fiscal general Néstor Martínez consideró, en el marco del evento que realizó ayer para presentar los estudios, "limitado e insuficiente" el proyecto de ley que radicó en días pasados el gobierno Duque, dentro de un paquete legislativo, que elimina la imprescriptibilidad de delitos que atenten contra la administración pública.

Martínez Neira dijo que si bien es importante no permitir más a quienes saquean los recursos públicos, que se adueñen de fortunas ilegales aprovechando que por el paso del tiempo prescriben los procesos, recordó que "también hay delitos contra la administración de justicia" que también requerirán de la imprescriptibilidad.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el Gobierno tiene la voluntad política de meterse a fondo contra la corrupción.

En tanto que en este mismo encuentro el contralor Edgardo Maya insistió en la necesidad de eliminar las contralorías regionales, porque dice que son ineficaces en su función, y dejar solo un órgano del nivel nacional. El procurador Fernando Carrillo propuso suprimir las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

En este sentido Carrillo Flórez le propuso al Gobierno nacional presentar un proyecto de ley para modificar las corporaciones autónomas regionales, a las que calificó de ser el “nido de corrupción más grande que ataca los derechos fundamentales en Colombia”.

Carrillo precisó que el ente de control adelanta más de 250 indagaciones, otras 43 investigaciones y cerca de 30 acciones preventivas relacionadas con casos de corrupción en las corporaciones autónomas, procesos a los que se suman las actuaciones que llevan la Fiscalía, en lo penal, y la Contraloría en lo fiscal.

Por su parte, el contralor Maya Villazón reiteró su propuesta de eliminar las contralorías regionales y dejar la función de control fiscal en manos de una entidad del orden nacional. “Hoy hay 63, cada uno independiente". Añadió que “en ninguna nación existe este caos en el control fiscal".